Eagle Pass (Texas), conocido como uno de los lugares más peligrosos en la frontera entre EE.UU. y México, se enfrenta a una situación desgarradora: la acumulación de cadáveres de migrantes que perdieron la vida intentando cruzar la frontera. La morgue de la ciudad ya no tiene capacidad para más cuerpos, mientras las autoridades se quejan de la falta de recursos para abordar esta crisis, así como de los efectos psicológicos que está causando.

La migración en niveles sin precedentes ha resultado en un aumento alarmante de muertes en el condado de Maverick, una comunidad fronteriza que se ha convertido en el epicentro del conflicto entre Texas y la Administración de Joe Biden. Según un reciente informe publicado por The Washington Post, la mayoría de las víctimas mueren ahogadas al intentar cruzar el río Bravo, mientras que en otras áreas perecen deshidratadas al tratar de atravesar los vastos y desolados terrenos del estado.

El informe revela que, hace algunos años, las autoridades recuperaban uno o dos cuerpos al mes, pero ahora lo hacen a diario, sin apenas repercusión en la opinión pública estadounidense. En 2022, al menos 895 migrantes perdieron la vida tratando de llegar a EE.UU., según los datos disponibles más recientes.

En este contexto, los rescates realizados por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. se dispararon a 37.323 en 2023, en comparación con los 2.920 de 2019. La crisis migratoria ha saturado la infraestructura de los equipos de rescate, que se encuentran con escasez de bolsas para cadáveres y lugares de sepultura.

Anteriormente, el condado de Maverick destinaba solo 100.000 dólares para la gestión de los cuerpos de migrantes, pero se verá obligado a gastar más de un millón de dólares, según el fiscal del condado. Ante esta situación, las autoridades han tenido que utilizar un remolque frigorífico, adquirido durante la pandemia de covid-19, para albergar a 28 cuerpos.

Además, algunos de los fallecidos son enterrados sin que sus familias se enteren de lo sucedido, debido a la falta de identificación. Los funcionarios del condado afirman que no cuentan con la capacitación ni los suministros necesarios para recolectar muestras de ADN de cada persona no identificada, como exige la ley estatal.