El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su ofensiva contra las universidades de élite al solicitar que la Universidad de Harvard pierda su estatus de exención fiscal, tan solo horas después de que su administración anunciara la congelación de más de 2,000 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución.

La medida forma parte de una campaña más amplia impulsada por la Casa Blanca desde el regreso de Trump a la presidencia en enero, con el objetivo de reformar el sistema de educación superior en el país. La administración ha condicionado el financiamiento federal a la implementación de cambios en las políticas de admisión, contratación y enseñanza, bajo el argumento de combatir el antisemitismo en los campus universitarios.

Harvard fue la primera gran institución académica en rechazar formalmente las exigencias del gobierno, calificándolas como un intento de “controlar” a su comunidad. En respuesta, Trump arremetió desde su red social Truth Social, insinuando que la universidad debería ser gravada como una entidad política si continúa “promoviendo ideologías contrarias al interés público”.

Exigencias de la Casa Blanca

Una carta enviada a Harvard el pasado viernes —y obtenida por The New York Times— enumera diez categorías de reformas exigidas por el gobierno, que incluyen:

• Reportar ante autoridades federales a estudiantes “hostiles a los valores estadounidenses”.
• Asegurar diversidad ideológica en cada departamento académico.
• Contratar una auditoría externa, aprobada por el gobierno, para evaluar programas “con denuncias de antisemitismo”.
• Investigar a miembros del profesorado por posibles casos de plagio.

Estas reformas, de ser aplicadas, significarían una intervención directa del gobierno en la vida académica de la universidad, algo que Harvard se negó a aceptar, apelando a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y autonomía institucional.

“Si bien algunas de las demandas buscan combatir el antisemitismo, la mayoría constituyen una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard”, afirmó el presidente de la universidad, Alan Garber, en su carta de respuesta.

Reacciones y consecuencias

Tras la negativa de Harvard, el Departamento de Educación anunció la suspensión inmediata de $2,200 millones en subvenciones y $60 millones en contratos federales, medida que fue calificada como “vengativa” por académicos y líderes de opinión.

“Es un ataque sin fundamento cuyo único objetivo es silenciar la libertad académica”, dijo David Armitage, profesor de Historia en Harvard, en declaraciones. Por su parte, el expresidente Barack Obama elogió la postura de la universidad, instando a otras instituciones a no ceder ante las presiones del Ejecutivo.

Harvard, que posee un patrimonio estimado en $53,000 millones, también enfrenta una demanda legal presentada por su cuerpo académico, que alega que las acciones del gobierno violan la libertad de expresión y la autonomía universitaria.

Un conflicto más amplio

Harvard no es la única universidad en la mira. En semanas recientes, la administración Trump ha congelado:

• $1,000 millones para la Universidad de Cornell
• $790 millones para la Universidad de Northwestern
• $500 millones para la Universidad Brown
• $210 millones en becas a la Universidad de Princeton

En marzo, la Universidad de Columbia accedió a las demandas tras el ultimátum de la Casa Blanca, incluyendo la expulsión de estudiantes, la reforma de políticas de admisión, la prohibición de cubrirse el rostro y la intervención de su Departamento de Estudios de Medio Oriente.

Expertos alertan que estas decisiones podrían tener consecuencias severas para la investigación científica en EE.UU. “Solo las universidades más ricas podrían sostener la investigación, mientras el resto se marchitaría”, advirtió Robert A. Brown, presidente emérito de la Universidad de Boston, en Times Higher Education.

Fuente: BBC