Las manifestaciones en Ecuador, desencadenadas tras la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, han escalado en violencia y repercusiones en distintas regiones del país. Lo que comenzó como protestas económicas se ha convertido en una confrontación sobre el modelo político, ambiental y social.

Las organizaciones indígenas y de derechos humanos han confirmado al menos tres personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones, identificadas como el líder kichwa Efraín Fuérez, el campesino José Alberto Guamán Izam y la ciudadana Rosa Elena Paqui, quien murió tras inhalar gas lacrimógeno. En enfrentamientos previos se registró además un manifestante muerto y doce soldados heridos durante choques entre fuerzas del orden y manifestantes.

Durante las jornadas de protesta en Quito y otras ciudades, más de un centenar de personas fueron detenidas y decenas resultaron lesionadas a causa de los enfrentamientos con la policía.

La chispa que encendió el conflicto fue la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, lo que elevó su precio de 1.80 a 2.80 dólares por galón, afectando directamente a sectores como el transporte, la agricultura y las comunidades rurales. A esto se suma el rechazo social al proyecto minero Loma Larga, en el páramo de Quimsacocha, por el impacto ambiental que podría generar en zonas de recarga hídrica.

Las movilizaciones son encabezadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con campesinos, transportistas, estudiantes y otros grupos sociales que demandan un cambio en las políticas económicas y ambientales del país.

Ante el incremento de la tensión, el Gobierno ordenó el despliegue de cinco mil elementos militares adicionales para garantizar la circulación en carreteras y el orden público. En varias localidades del norte, como Otavalo e Imbabura, se denunciaron acciones de represión por parte de fuerzas de seguridad, incluyendo el uso de gases lacrimógenos y disparos dentro de zonas habitacionales.

El presidente Noboa ha insistido en que las medidas buscan estabilizar la economía nacional y reducir el gasto público, mientras que los dirigentes indígenas demandan una revisión urgente de la política de combustibles y un alto a la represión.

En medio del conflicto, ambas partes anunciaron el inicio de un proceso de diálogo en los próximos días, con la intención de alcanzar acuerdos que permitan poner fin a las protestas y restablecer la calma en el país.