Una nueva controversia encendió las redes sociales luego de que se difundieran imágenes de un salón de belleza operando dentro del Senado de la República, lo que desató críticas por presuntos privilegios, contradicciones con el discurso de austeridad y el uso de espacios públicos para fines personales.

El tema se volvió viral tras circular un video donde se observa a una senadora del Partido Verde Ecologista de México recibiendo un tratamiento estético durante una jornada legislativa, lo que provocó una oleada de reacciones y cuestionamientos en redes sociales. Horas después, el espacio fue clausurado con sellos oficiales, ante la presión mediática.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, salió al paso de la polémica al asegurar que el salón no representa un privilegio financiado con recursos públicos, ya que —dijo— los servicios eran pagados de manera personal por quienes los utilizaban y que su existencia obedecía a las largas jornadas y traslados de legisladores provenientes de distintos estados del país.

En medio del debate, la senadora Andrea Chávez Treviño negó cualquier relación con la reapertura o uso del salón, luego de que versiones en redes la vincularan con el tema. A través de sus plataformas digitales calificó dichas versiones como falsas y aseguró que no utiliza servicios de estética dentro del recinto legislativo.

La polémica creció aún más cuando se dio a conocer que el Senado habría gastado más de 200 mil pesos en productos de maquillaje y cuidado personal durante 2024, lo que avivó las críticas de sectores políticos y ciudadanos que cuestionan la congruencia entre el discurso de austeridad y este tipo de gastos.

Desde la oposición, diversas figuras políticas calificaron el hecho como una muestra de desconexión con la realidad del país, mientras que en redes sociales el tema se convirtió en tendencia, entre memes, indignación y llamados a transparentar el uso de recursos y espacios dentro del Poder Legislativo.

Por ahora, el salón permanece cerrado, pero el debate sigue abierto: ¿servicio necesario o privilegio innecesario?