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El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por presuntas irregularidades en transferencias millonarias y analiza posibles casos de fraude bancario y lavado de dinero, sin cargos hasta ahora.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) es objeto de una investigación por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, relacionada con presuntas operaciones financieras realizadas en territorio estadounidense que podrían haber incumplido la legislación de ese país.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, las autoridades federales buscan determinar si existieron movimientos económicos irregulares vinculados con contratos comerciales, derechos de transmisión, patrocinios u otras operaciones efectuadas a través del sistema financiero estadounidense.

Hasta el momento, las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y no se han presentado cargos formales contra la AFA ni contra alguno de sus directivos. Las autoridades estadounidenses tampoco han revelado mayores detalles sobre el alcance de las indagatorias, debido a la naturaleza confidencial del proceso.

Por su parte, la Asociación del Futbol Argentino no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la investigación. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo señalan que existe disposición para colaborar con las autoridades en caso de que sea requerida información relacionada con las operaciones bajo revisión.

El caso ha despertado atención en el ámbito deportivo internacional debido al peso que tiene la AFA dentro del futbol mundial, especialmente después de los recientes éxitos de la selección argentina en competencias internacionales.

Especialistas en derecho deportivo y financiero señalan que, cuando una organización realiza operaciones dentro del sistema bancario o comercial de Estados Unidos, estas pueden quedar sujetas a la jurisdicción de las autoridades federales, independientemente del país donde tenga su sede.

Mientras avanzan las investigaciones, se espera que en las próximas semanas las autoridades estadounidenses determinen si existen elementos suficientes para ampliar el caso o si las operaciones analizadas cumplen con la normativa vigente.