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Un bloque de 25 estados de Estados Unidos demandaron al gobierno de Trump por sus aranceles más recientes, y los calificaron de pretexto.

Una coalición integrada por 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda colectiva para impugnar los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, al considerar que las medidas exceden las facultades del Poder Ejecutivo y podrían provocar un impacto negativo en la economía, el comercio y los consumidores.

La acción legal, promovida por fiscales generales de estados gobernados principalmente por el Partido Demócrata, sostiene que la imposición de nuevos gravámenes a productos importados fue realizada sin la autorización del Congreso y con una interpretación indebida de las facultades presidenciales en materia de comercio internacional.

De acuerdo con el recurso presentado ante una corte federal, los estados demandantes argumentan que los aranceles incrementarán los costos para empresas y consumidores, afectarán las cadenas de suministro y generarán presiones inflacionarias en diversos sectores de la economía. Asimismo, advierten que industrias como la manufactura, el comercio minorista, la agricultura y la construcción podrían resentir el aumento en los precios de insumos y productos importados.

“Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los fiscales generales solicitaron al tribunal suspender la aplicación de las medidas mientras se resuelve el litigio, al considerar que su entrada en vigor ocasionaría daños económicos difíciles de revertir para gobiernos estatales, empresas y familias estadounidenses.

Por su parte, la administración de Donald Trump defendió la legalidad de los aranceles, argumentando que forman parte de una estrategia para proteger la industria nacional, fortalecer la producción interna y corregir desequilibrios comerciales con diversos socios internacionales. La Casa Blanca aseguró que las medidas buscan incentivar la inversión en territorio estadounidense y reducir la dependencia de productos fabricados en el extranjero.

Especialistas en derecho constitucional y comercio internacional señalan que el caso podría convertirse en uno de los litigios más relevantes del segundo mandato de Trump, ya que pondrá a prueba el alcance de las facultades presidenciales para imponer restricciones comerciales sin la intervención directa del Congreso.

Mientras el proceso judicial avanza, la incertidumbre continúa en los mercados y entre el sector empresarial, que permanece atento a la resolución de los tribunales. El fallo podría tener implicaciones no solo para la política comercial de Estados Unidos, sino también para las relaciones económicas con sus principales socios y el futuro de los aranceles como herramienta de política exterior y económica.