En política, exagerar no es nuevo. Mentir tampoco. Lo preocupante es cuando la desinformación deja de ser un accidente y se convierte en una estrategia deliberada para desgastar al adversario, sembrar miedo y sustituir la discusión de resultados por una batalla de emociones.

En Chihuahua estamos viendo señales claras de ese fenómeno.

Hace unos días, el PAN estatal, encabezado por Daniela Álvarez, confirmó una campaña de espectaculares colocados en Chihuahua y Ciudad Juárez con la frase “Muerte y Morena es lo mismo”. La propia dirigente explicó que el objetivo era provocar una reflexión sobre lo que, desde la visión de Acción Nacional, representa Morena y sus presuntos vínculos con estructuras criminales.

El problema no es que el PAN critique a Morena. Eso es parte de una democracia.

El problema comienza cuando la crítica sustituye los matices por una asociación absoluta: Morena igual a muerte. El mensaje no explica, no documenta, no distingue responsabilidades individuales, niveles de gobierno ni hechos concretos. Busca algo mucho más sencillo y efectivo: fijar una relación emocional entre un partido político y la violencia.

Eso funciona porque las redes sociales y la publicidad política premian justamente lo que más indigna, asusta o enfurece. Un estudio publicado en Science encontró que la información falsa puede propagarse más rápido y alcanzar a más personas que la verdadera, precisamente porque suele ser más novedosa y emocional.

Y ahí aparece el verdadero peligro: cuando un ciudadano escucha una afirmación cientos de veces, deja de preguntarse si es cierta y comienza a preguntarse por qué “todo mundo lo está diciendo”.

Algo similar ocurre en el enfrentamiento político entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Campos ha denunciado públicamente una supuesta persecución política y afirmó haber recibido amenazas contra ella, su familia y su patrimonio provenientes del Gobierno Federal. Sheinbaum respondió que su administración no realiza amenazas, sostuvo que no existe una acusación formal contra la gobernadora y la invitó a presentar una denuncia si cuenta con evidencias de esas amenazas.

Aquí existe una diferencia fundamental que suele desaparecer en redes sociales: una acusación no es automáticamente un hecho comprobado.

Campos tiene derecho a denunciar que se siente perseguida. Sheinbaum tiene derecho a negarlo. Los medios y los ciudadanos tenemos la obligación de distinguir entre ambas cosas y esperar pruebas.

Cuando esa distinción desaparece, entramos en el terreno de la propaganda.

La derecha mexicana tiene todo el derecho de cuestionar al Gobierno Federal. De hecho, una democracia necesita una oposición incómoda, crítica y capaz de señalar abusos. Pero precisamente por eso debería ser una oposición rigurosa.

La crítica más poderosa no necesita inventar.

Si existen fallas en seguridad, que se presenten cifras. Si existen casos de corrupción, que se documenten. Si hay vínculos de funcionarios con delincuentes, que se presenten denuncias y pruebas. Si existen decisiones equivocadas del Gobierno Federal, que se contrasten con resultados.

Pero cuando el argumento se reduce a “ellos son la muerte”, “ellos son criminales”, “ellos nos persiguen”, sin separar hechos demostrados de conclusiones políticas, la conversación pública comienza a deteriorarse.

Y ese deterioro no solamente afecta a Morena.

Nos afecta a todos.

UNESCO advierte que los ecosistemas digitales se han convertido en espacios donde la desinformación, la polarización ideológica, el discurso de odio y la incitación a la violencia pueden debilitar las democracias y erosionar derechos.

La evidencia académica también muestra que el uso intensivo de medios digitales suele estar asociado con mayor exposición a desinformación, pérdida de confianza institucional, polarización y hostilidad política.

El riesgo quizá más grave es que terminemos acostumbrándonos.

Cuando diariamente se acusa al adversario de ser delincuente, traidor, asesino o enemigo de México, llega un momento en que dejamos de verlo como un adversario político y comenzamos a verlo como una amenaza.

Y cuando una sociedad comienza a considerar al otro una amenaza, el siguiente paso puede ser justificar cualquier cosa con tal de derrotarlo.

Eso ya no es debate democrático.

Es tribalismo.

Tampoco debemos cometer el error contrario: pensar que la desinformación pertenece exclusivamente a la derecha. No es así. La izquierda, los gobiernos, movimientos sociales, medios y cualquier actor con incentivos políticos pueden manipular información. La obligación de verificar debe aplicarse a todos.

Pero hoy, en Chihuahua, resulta legítimo preguntarnos si una parte de la estrategia opositora está apostando demasiado por el miedo y demasiado poco por las propuestas.

Daniela Álvarez puede colocar todos los espectaculares que quiera dentro de la ley. Maru Campos puede denunciar todo aquello que considere una persecución.

Pero ambas tienen una responsabilidad adicional precisamente porque ocupan posiciones de poder: cada afirmación que hacen puede multiplicarse millones de veces en cuestión de horas.

Las palabras pesan.

Y en tiempos donde un video de 15 segundos puede definir la opinión de alguien sobre un gobierno entero, la responsabilidad de quienes hablan debería ser proporcional al alcance que tienen.

La oposición no necesita convencer a los ciudadanos de que México está condenado para ganar una elección.

Necesita convencerlos de que puede gobernar mejor.

Porque quizá el mayor peligro de la desinformación política no sea que una mentira gane una elección.

Es que después de tantas mentiras, la sociedad deje de creer incluso cuando alguien diga la verdad.

Y cuando eso ocurre, pierde Morena, pierde el PAN, pierde la izquierda, pierde la derecha.

Pierde la democracia.