Se alerta que no distinguen entre traslados humanitarios o de lucro y su instrucción es asesinar a quien sea.

Desde el acceso al estado en la zona de Jiménez y su paso por localidades como Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Flores Magón, Villa Ahumada y Juárez, así como en el Triángulo de Ojinaga —que incluye a Aldama y Coyame—, la Fiscalía de Operaciones Estratégicas ha identificado una preocupante problemática de inseguridad relacionada con el control migrante, donde el grupo criminal conocido como el Cártel de Juárez ha estandarizado un dominio absoluto sobre el tráfico clandestino de migrantes en estas áreas, impidiendo la participación de cualquier otra persona o grupo en este negocio ilegal.

En los últimos días, esta situación se ha agravado notablemente, luego de que las personas involucradas en el traslado de migrantes, comúnmente conocidos como “pollos” o “cajas” en el argot del negocio clandestino, están siendo identificadas, retenidas, torturadas, desaparecidas y en su mayoría asesinadas. Ejemplos recientes de esta violencia incluyen el caso de cinco conductores de plataforma que fueron retenidos y asesinados en Ojinaga, así como el hallazgo de ocho cuerpos abandonados en la carretera a Juárez en abril de este año, así como otros casos más.

Ante este control violento y despiadado, Arturo Velazco Ponce titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas reconoció y destacó la importancia de que las personas no se involucren de forma económica o solidaria con el tema migratorio, toda vez que han identificado que las bandas delincuenciales están actuando de manera implacable contra cualquier persona que traslade migrantes por el estado, sin importar si se trata de ayuda humanitaria o de actividades lucrativas. Estas bandas retienen, desaparecen y, en la mayoría de los casos, asesinan a quienes intentan transportar migrantes por diferentes medios, sean transporte público o privado.

De acuerdo a los datos de inteligencia de la corporación, los operadores principales de las bandas criminales que operan en el estado de Chihuahua, tanto del Cártel de Juárez como el Cártel de Sinaloa, no están involucrados en la extorsión o secuestro de los migrantes de forma directa, sino que son los operadores más bajos de la estructura criminales, los que comenzaron a hacer estos delitos para obtener ganancias adicionales.

“Los de más abajo, que les encargaron cuidar a los migrantes por varios días, son los que vieron la oportunidad de comenzar a extorsionarlos, a secuestrarlos a pedir el dinero a sus familiares, primero comenzaron con amenazas simples, como llamadas y otras técnicas, pero actualmente ya se graban con armas de fuego y cartulinas para presionar a que se cumpla con el pago por la liberación de los migrantes” comentó uno de los agentes involucrados en esta corporación.

Según la evolución que han identificado en el delito contra migrantes, las solicitudes económicas comenzaban entre los mil a los 5 mil dólares como parte del secuestro, pero actualmente las cantidades ya superan los 10 mil dólares por liberar cada uno de los migrantes y sobre todo para quienes cuentan con mayor solvencia económica.

Todo esto se agrava aun más cuando se logra que la fiscalía intervenga en los casos y libera a las víctimas, pues además de que sufrieron un delito, el 90% de los afectados decide no interponer una denuncia formal en contra de los presuntos responsables por diferentes factores, como son el temor a los grupos criminales, la esperanza de llegar a los Estados Unidos y el miedo de involucrarse con las autoridades que lo puedan regresar a sus lugares de origen o al inició del camino en el estado de Chiapas.

Arturo Velazco dijo que, aunque existe mucho margen de ganancia en este delito, también recalcó que existen penas severas para quienes participen en este tipo de prácticas, ya que, por el delito de extorsión, las personas pueden estar en prisión desde los 5 hasta los 30 años, y en el caso del secuestro inicia desde los 50 hasta los 90 años de prisión más las agravantes que se puedan sumar en el caso.

La Fiscalía de Operaciones Estratégicas, recibe y atiende el reporte de entre 5 a 10 casos de secuestro a la semana en el estado, donde se ven involucrados grupos entre 20 a 30 migrantes por cada uno de los casos, los cuales se logran “desactivar” en horas, pero otros pueden durar varios días de investigación, dependiendo la complejidad del caso.

Esta corporación ha asumido la responsabilidad de investigar los casos de secuestros de migrantes, logrando rescatar a 115 víctimas solo en el periodo de enero a junio de este año. Durante el 2023, también liberaron a 150 migrantes más, sumando así cerca de 265 personas rescatadas de las organizaciones criminales que exigían dinero a cambio de su liberación.

Estas cifras, no es el total de migrantes que han liberado de casas de seguridad, pues en algunas solo los tienen hacinados, pero no los tienen bajo alguna amenaza para obtener el recurso como parte de un secuestro, sino que se trata de víctimas resguardaron para llevarlos a los Estados Unidos bajo otro concepto de cobro.

Entre las operaciones en las que han intervenido, han localizado a una agrupación que incluso tenía una “cuota” de secuestro de 4 migrantes a la semana por cada persona, a quienes identificaron operando en aeropuertos, centrales camioneras, y “cazando” a conductores de plataformas en la frontera como en la ciudad de Chihuahua.

Además del transporte de migrantes, otras de las actividades que han notado en la que se han involucrado la sociedad, son con la renta de domicilios, prestar cuentas bancarias para recibir los depósitos internacionales, equipos móviles y otras actividades en las que la sociedad se involucra de forma indirecta, porque la mayoría piensa que están prestando estas herramientas a un conocido que necesita recibir una cantidad de dinero y además le ofrece un pago por el uso de cuenta.

Es decir que uno de los involucrados, de acuerdo a la información de la Fiscalía, le pide a un amigo o conocido, una cuenta bancaria para recibir dinero, posteriormente le ofrece una cantidad por el favor y los invita a que si más gente puede participar le puede seguir entregando más comisión, pero no saben que el recurso es producto del secuestro que está pagando la familia y que está involucrando en el cobro de un secuestro que se penaliza con cárcel.

La fiscalía insiste a la ciudadanía a no involucrarse en este tipo de actividades incluso por solidaridad con los migrantes, pues el encargado de la corporación, asegura que en ocasiones los ven caminando en la carretera y les desean dar un “ride” pero metros más adelante se pueden encontrar con grupos criminales quienes no van a investigar o preguntar si se trata de un traslado gratuito, humanitario, sino que la instrucción que han detectado es terminar con cualquier persona que se involucre.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua