Fue declarada culpable de cometer irregularidades sin apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ordenó la inhabilitación por un año de A.C.P.R.L.A., exdirectora administrativa de Comunicación Social del Gobierno del Estado en el 2018, tras encontrarla responsable de una falta administrativa grave de abuso de funciones.

La exfuncionaria fue declarada culpable de cometer irregularidades al instruir la compra de un equipo de cómputo de alta gama por 352 mil 943.60 pesos y de una cámara fotográfica por 73 mil 269.21 pesos, sin apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

Autorizó dos “contratos simplificados” que no están contemplados en la legislación aplicable, lo que generó un perjuicio a la legalidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) inició el procedimiento tras detectar las irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública 2018 de la Coordinación de Comunicación Social. Las denuncias fueron integradas tanto por la vía administrativa como por la penal, subrayando la gravedad de las acciones cometidas.

El TEJA, a través del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, acreditó que para completar el supuesto estudio de mercado necesario, la ex servidora pública presentó un documento apócrifo con la cotización de una empresa inexistente, denominada TK Soluciones en Sistemas S.A de C.V., de la cual no se encontró registro oficial alguno. Este hecho evidenció una clara intención de manipular el proceso de adquisición.

El magistrado consideró plenamente probada la falta administrativa de abuso de funciones, según el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dictando la inhabilitación de la exfuncionaria para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año.

La resolución, inscrita en el expediente 047/2024-1 JRA, fue notificada a la ASE como parte denunciante, subrayando el compromiso de las autoridades por garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua