El INE inicia la distribución de más de 600 millones de boletas, un paso más en el camino empedrado que ha tenido el proceso que no deja las controversias atrás.

A un mes de la jornada electoral, México entra en la recta final para elegir a cerca de 3,000 jueces, magistrados y ministros a nivel federal y local en 19 Estados. Este proceso, inédito en el país y el segundo en su tipo en América Latina tras Bolivia, ha estado marcado por controversias legales, denuncias contra candidatos y señalamientos por vínculos con el crimen organizado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó este miércoles con la distribución de más de 601 millones de boletas que serán enviadas a los 32 Estados de la República. Aunque se ha cumplido el calendario, el proceso enfrenta obstáculos que van desde la falta de recursos hasta un complejo sistema de votación, lo que ha generado incertidumbre sobre la participación ciudadana y los resultados.

A la par del avance logístico, el INE recibió esta semana cuatro denuncias formales por parte de organizaciones civiles y una víctima directa, en contra de 11 aspirantes a cargos judiciales. Las acusaciones apuntan a presuntas relaciones con grupos criminales y con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por delitos sexuales graves.

Entre los señalados figura Fernando Escamilla Villarreal, abogado con antecedentes penales y defensor de miembros del cártel de Los Zetas; así como Jesús Humberto Padilla, detenido en 2023 con droga y armas. También se menciona a Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán vinculado con el asesinato de periodistas y con dos carpetas de investigación abiertas.

Otros candidatos bajo escrutinio son Eluzai Rafael Aguilar, Karina Sánchez, Cesia Keren León, Cinthia Guadalupe Teniente, Madián Sinaí Menchaca Sierra y Betzabé Almazán, todos con supuestos vínculos con La Luz del Mundo.

A estos casos se suman perfiles como el de Silvia Delgado, abogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán y ahora aspirante a jueza penal en Chihuahua, y Edgar Rodríguez Beiza, exprofesor universitario acusado de abuso sexual en 2017 y candidato a magistrado penal en Jalisco.

Ante este panorama, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha anunciado que se presentarán al menos 20 impugnaciones ante los tribunales, con el objetivo de frenar las candidaturas antes de las elecciones o, en su defecto, invalidar los resultados de quienes resulten electos y no cumplan con el perfil requerido para la impartición de justicia.

Fuente: El País