Durante los primeros siete meses de la actual administración federal, la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país aumentó 91 por ciento, al pasar de 9 mil 632 internos en exceso a más de 20 mil, según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad federal.

El reporte, correspondiente al corte de abril, revela que 133 de los 275 penales del país están sobrepoblados, mientras que al cierre del sexenio anterior se registraban 121 en esta condición.

Sofía González Talamantes, especialista en derechos humanos y subdirectora de la organización Documenta, atribuye este incremento a un cambio en la política de seguridad federal, caracterizada por un enfoque punitivo que privilegia las detenciones masivas sin fortalecer los procesos judiciales.

“Este aumento es resultado directo de una estrategia de seguridad basada en la prisión preventiva y no en investigaciones sólidas o en procesos judiciales completos”, señaló la experta.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, 8 mil 987 personas fueron privadas de la libertad y trasladadas a penales estatales o federales, una cifra significativamente superior a la registrada en el mismo periodo de los gobiernos anteriores. De hecho, duplica la cantidad de personas encarceladas durante los primeros siete meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador y supera por cerca de dos mil los números del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de abril, apenas 6.8 por ciento de los reclusos por delitos federales cuenta con una sentencia, y en el fuero común solo el 55 por ciento ha sido condenado.

“Las cárceles están recibiendo a personas sin sentencia y sin que se hayan agotado los mecanismos del debido proceso. Esto no fortalece el sistema de justicia ni contribuye a la reinserción social”, advirtió González Talamantes.

La situación se agrava con los incidentes registrados en los centros penitenciarios. Entre octubre y abril se reportaron mil 483 eventos, entre motines, riñas, intentos de fuga, muertes y huelgas de hambre, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que vincula muchos de estos hechos con el hacinamiento.

Uno de los casos más graves ocurrió a finales de 2024 en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), donde un motín dejó siete internos muertos. Un mes antes, en la entrada del penal fue abandonado un vehículo con un cadáver y una lona exigiendo la renuncia del director, quien posteriormente dimitió. El Creset forma parte del listado de cárceles sobrepobladas.

El Estado de México lidera las entidades con mayor sobrepoblación carcelaria, con un excedente de 22 mil 48 internos respecto a su capacidad instalada. Le siguen Sonora, Durango, Chiapas, Nayarit y Morelos. En total, 18 estados enfrentan hacinamiento en sus penales, lo que representa a más de la mitad del país.

“La sobrepoblación agrava las ya precarias condiciones en los penales mexicanos, donde escasea el acceso a servicios básicos como salud, medicina y atención médica. Esto configura un entorno altamente violatorio de derechos humanos”, concluyó González Talamantes.