La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, luego de una serie de modificaciones incorporadas durante las mesas de trabajo realizadas en las últimas semanas. Con este resultado, la iniciativa queda lista para ser enviada al pleno para su discusión.

Durante la sesión, los legisladores informaron que el dictamen aprobado es el resultado de un proceso de análisis técnico y político que incluyó reuniones con especialistas, organizaciones civiles, representantes del sector agrícola y autoridades locales. Las aportaciones recibidas derivaron en ajustes relevantes al documento original.

Entre las modificaciones destacadas se encuentran precisiones en materia de concesiones y reasignación de volúmenes de agua, con el objetivo de evitar prácticas de acaparamiento y garantizar el uso prioritario para consumo humano. También se incorporaron mecanismos más estrictos de regulación para asegurar la sustentabilidad hídrica y fortalecer la vigilancia sobre el uso industrial y agrícola.

Las mesas de trabajo permitieron además redefinir criterios para la creación del nuevo Registro Nacional del Agua, así como delimitar con mayor claridad las competencias entre los gobiernos federal, estatal y municipal, con el fin de mejorar la coordinación en temas de abasto, saneamiento y gestión de cuencas.

A pesar de las modificaciones, la iniciativa mantiene puntos que generaron debate entre legisladores y sectores productivos, principalmente relacionados con la prohibición de transferir concesiones entre particulares y la facultad del Estado para reasignar volúmenes cuando existan situaciones de estrés hídrico. Los votos en contra provinieron de legisladores que consideraron que estos puntos podrían generar incertidumbre en actividades agrícolas e industriales.

Con la aprobación en comisión, la discusión se trasladará al pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate amplio debido a la sensibilidad del tema y al impacto nacional que tendrá el nuevo marco jurídico del agua. De aprobarse, la Ley General de Aguas sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, y establecería un nuevo modelo de gestión con enfoque en el derecho humano al agua, la sostenibilidad de los recursos y el control de concesiones.

La comisión destacó que el dictamen representa un avance importante hacia una legislación más moderna y con mayor capacidad de respuesta ante la crisis hídrica que enfrenta el país, aunque anticipó que el diálogo con los sectores involucrados continuará durante el proceso legislativo para asegurar una transición