La nueva Ley General de Aguas avanza en la Cámara de Diputados después de décadas sin una reforma profunda en la gestión del recurso hídrico. Con su aprobación en comisión, inicia un cambio significativo en cómo se administrará, regulará y protegerá el agua en México. Esta infografía resume los puntos clave, los beneficios y los riesgos de una ley que marcará el futuro hídrico del país.

💧 ¿QUÉ SE APROBÓ?

Ley General de Aguas, dictamen avalado en comisión con:
✔️ 28 votos a favor
❌ 10 en contra
➖ 2 abstenciones

Sustituye a la Ley de Aguas Nacionales (1992).

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📌 OBJETIVOS PRINCIPALES

• Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento
• Regular y supervisar concesiones
• Evitar acaparamiento y uso indebido
• Proteger cuencas y fortalecer la gestión sostenible

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🏛️ CAMBIOS MÁS IMPORTANTES

1. Control Estatal del Agua

El gobierno federal tendrá facultades exclusivas para concesiones y reasignaciones.

2. Fin a la compraventa de concesiones

Se prohíbe que particulares transfieran derechos de agua entre sí.

3. Creación del Registro Nacional del Agua

Transparencia total sobre quién usa el agua y cuánto consume.

4. Prioridad absoluta al uso humano

En situaciones de estrés hídrico, el consumo doméstico va primero.

5. Sanciones más estrictas

Nuevas obligaciones para industrias y usuarios que contaminen o desperdicien.

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✅ PUNTOS POSITIVOS

• Avanza hacia una gestión moderna y sustentable
• Combate corrupción y acaparamiento
• Mayor regulación sobre descargas contaminantes
• Transparencia con el Registro Nacional
• Herramientas para enfrentar sequías

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⚠️ RIESGOS Y CRÍTICAS

• Afecta certidumbre del sector agrícola
• Centraliza demasiado poder en el gobierno federal
• Criterios de reasignación poco claros
• Procesos de consulta insuficientes
• Posibles conflictos sociales por el control del agua

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🧭 EL DESAFÍO REAL

No es aprobar la ley.
Es implementar un modelo justo, eficiente y transparente…
en un país donde el agua ya es un recurso en disputa.

La Ley General de Aguas representa un paso decisivo para ordenar el uso del agua y garantizar el derecho humano al recurso. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para implementarla con transparencia, diálogo y equilibrio entre las necesidades sociales, productivas y ambientales. El reto apenas comienza.