Concluye regularización de autos usados extranjeros; SSPC advierte sobre posibles fraudes
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el programa extraordinario de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera concluyó de manera definitiva, por lo que ya no existe marco legal que permita realizar trámites relacionados con este esquema a partir del 1 de enero de 2026.
A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la dependencia precisó que tanto particulares como autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán abstenerse de promover, recibir o dar trámite alguno vinculado con la regularización de estos vehículos, al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2025.
El SESNSP explicó que la reforma al Transitorio Primero del decreto, publicada el 29 de diciembre de 2022, tenía como objetivo regularizar automóviles ingresados al país antes del 19 de octubre de 2021. De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), dicha meta fue cumplida tras la regularización de 2 millones 987 mil 839 vehículos, con corte a noviembre de 2025.
En el comunicado se subrayó que el decreto estableció de forma expresa que el periodo de vigencia del programa concluyó sin prórroga alguna, por lo que no existen trámites pendientes, extensiones ni procesos de regularización en curso. Cualquier acción en sentido contrario, advirtió la autoridad, carece de sustento legal.
La SSPC añadió que quienes deseen importar vehículos usados de procedencia extranjera deberán hacerlo exclusivamente conforme al Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024 y renovado el 5 de noviembre de 2025. Este procedimiento exige cumplir con requisitos físicos, mecánicos y ambientales, así como con el pago de aranceles correspondientes, y no guarda relación con el programa de regularización ya concluido.
Finalmente, la dependencia alertó a la población para no dejarse engañar por gestores, intermediarios o asociaciones que ofrezcan supuestos servicios de alta, inscripción o regularización de vehículos ante el REPUVE o bajo el esquema ya extinto, ya que podrían ser víctimas de fraude.