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Las desapariciones de personas continúan siendo uno de los “desafíos más graves y dolorosos” que enfrenta México, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, al concluir una visita de trabajo de cuatro días en el país. En ese contexto, llamó a que los esfuerzos para atender esta problemática no se politicen ni se conviertan en un factor de polarización, sino que coloquen en el centro a las víctimas.

“Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de gobierno, para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y de la labor de las personas buscadoras, de transparencia y de un compromiso férreo del Estado”, expresó el funcionario internacional.

En conferencia de prensa, Türk reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para hacer frente a la violencia, aunque también manifestó su preocupación por los altos niveles de impunidad, los retos en materia de seguridad pública y las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como por la persistencia de los feminicidios.

Al hacer un balance de los encuentros sostenidos tanto con familiares de personas desaparecidas como con autoridades federales —entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum—, el alto comisionado señaló que el tema de las desapariciones fue una constante en el diálogo. Subrayó que pidió de manera reiterada que el problema se aborde sin polarización, ya que esta situación “no ofrece justicia a las víctimas”.

Türk advirtió que la desaparición de personas genera “un sufrimiento inimaginable y prolongado” entre los familiares y comunidades afectadas, además de que “erosiona profundamente la confianza entre la población y el Estado”. En este sentido, enfatizó que ese dolor no puede ser minimizado.

Asimismo, reiteró la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para brindar asistencia técnica, apoyo y acompañamiento a los esfuerzos de México, al tiempo que reconoció la voluntad política expresada por el gobierno federal para hacer frente a esta crisis.

Llamado a fortalecer búsqueda e investigación

El representante de la ONU-DH destacó el marco jurídico e institucional del país en materia de desapariciones, en particular la Ley General en la materia, la cual calificó como “una referencia a nivel internacional”.

Sobre la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de llevar el tema a la Asamblea General de la ONU, evitó profundizar y señaló que aún se desconocen sus alcances, por lo que consideró prioritario concentrarse en la construcción de soluciones.

Enfatizó que resulta fundamental que el Estado continúe reforzando los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense, las medidas de protección y las capacidades de investigación para atender adecuadamente esta problemática.

También sostuvo que la impunidad fue uno de los temas más recurrentes en el diálogo con víctimas y colectivos de familiares de personas desaparecidas. “Es su mayor reclamo”, apuntó, al subrayar la necesidad de contar con procesos efectivos de rendición de cuentas.

En relación con las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, Türk reconoció que el Mecanismo de Protección es “un modelo muy relevante y un referente en la región”, aunque consideró indispensable fortalecer su capacidad preventiva. Coincidió además con la Fiscalía General de la República en la necesidad de incrementar las investigaciones tras cada ataque.

Durante su participación en el Centro Cultural de España, acompañado por Humberto Henderson, representante de la ONU-DH en México, el alto comisionado afirmó que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos del país. Señaló que los grupos delictivos organizados continúan operando en diversas regiones y tienen un impacto significativo en el ejercicio de los derechos humanos.

Finalmente, advirtió que persisten altos niveles de corrupción y fragilidad institucional, por lo que consideró esencial que las estrategias de seguridad sigan orientadas al fortalecimiento de instituciones civiles, profesionales y confiables, además de preservar la independencia e integridad del sistema judicial.