La política admite crítica, confrontación, ironía y hasta mensajes incómodos. Lo que no debería admitir es que, en la búsqueda de golpear al adversario, se presenten acusaciones como hechos sin el sustento necesario. Ese es precisamente el debate que dejaron los espectaculares del PAN en Chihuahua con la frase “Morena y muerte es lo mismo”.

Los anuncios aparecieron en distintos puntos de Chihuahua y Ciudad Juárez y rápidamente provocaron la reacción de Morena, que acudió ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) argumentando que la campaña constituía calumnia.

El asunto ya no quedó únicamente en una guerra de declaraciones.

El IEE intervino y concedió medidas cautelares para retirar la propaganda denunciada, al advertir preliminarmente elementos que podrían configurar calumnia. Esto es importante: jurídicamente, la medida cautelar no equivale todavía a una sentencia definitiva que declare responsable al PAN, pero sí significa que la autoridad electoral encontró elementos suficientes para ordenar que esos mensajes dejaran de difundirse mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

Y ahí está el punto central.

Una cosa es decir que un gobierno es malo, ineficiente, corrupto o incapaz y sostener políticamente esas críticas. Otra muy diferente es construir un mensaje que vincula directamente a todo un partido político con la muerte y, dependiendo del contexto de la campaña, con hechos delictivos.

El PAN ha respondido argumentando libertad de expresión y censura. Es una discusión legítima. La oposición tiene derecho —y en una democracia incluso la responsabilidad— de cuestionar al gobierno.

Pero la libertad de expresión en materia electoral tampoco significa que absolutamente cualquier acusación deba quedar fuera de revisión. Precisamente para eso existen autoridades electorales y procedimientos donde puede determinarse hasta dónde llega la crítica política y dónde comienza una posible imputación calumniosa.

En Ciudad Juárez, el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel ya había cuestionado esta campaña antes de conocerse la determinación electoral. El alcalde acusó al PAN de recurrir a una estrategia para “enlodar” políticamente y hasta cuestionó cuánto dinero se estaba destinando a la colocación de espectaculares.

Ahora la discusión cambió.

Ya no se trata solamente de Morena diciendo que los anuncios son ofensivos ni del PAN defendiendo que ejerce su libertad de expresión. Existe una intervención formal del árbitro electoral que ordenó retirar materiales denunciados por posible contenido calumnioso.

Eso debería obligar a elevar el nivel de la discusión.

Chihuahua se aproxima inevitablemente a tiempos de mayor intensidad política y seguramente veremos campañas cada vez más agresivas. Morena tendrá que responder por sus gobiernos y resultados; el PAN tendrá que hacer lo mismo donde gobierna. Ambos tienen derecho a contrastarse y señalarse.

Pero una democracia gana poco cuando la discusión termina reducida a quién coloca el espectacular más ofensivo o quién consigue que una acusación se vuelva viral primero.

Las críticas deben ser fuertes cuando existan razones para hacerlas. Las denuncias deben presentarse cuando existan pruebas. Y las autoridades deben investigar cuando haya elementos.

Porque cuando la estrategia política cruza esa frontera, ocurre exactamente lo que pasó con estos anuncios: la discusión deja de estar solamente en las calles y termina frente a la autoridad electoral.

Los espectaculares fueron bajados.

Ahora falta conocer la resolución de fondo.

Y esa será todavía más importante, porque determinará si aquello que el PAN defendió como crítica política termina siendo considerado jurídicamente como calumnia electoral.