Seleccionar página

SCJN da revés a Grupo Salinas y ratifica millonarias deudas fiscales con el SAT

SCJN da revés a Grupo Salinas y ratifica millonarias deudas fiscales con el SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo determinante contra empresas de Grupo Salinas, al confirmar la validez de diversos créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en conjunto superan los 48 mil millones de pesos.

El pleno del máximo tribunal resolvió desechar varios amparos promovidos por compañías como Grupo Elektra y TV Azteca, dejando firmes las resoluciones del SAT relacionadas con Impuesto Sobre la Renta (ISR), recargos, actualizaciones y multas correspondientes a ejercicios fiscales de entre 2008 y 2013.

Según los proyectos de sentencia, los ministros consideraron improcedentes los argumentos de las empresas, por lo que estos créditos podrán ser ejecutados por la autoridad fiscal una vez que se concluyan los procesos internos de notificación y certificación.

Lo que implica el fallo para Grupo Salinas

Con esta decisión, las compañías involucradas quedan obligadas a cubrir los adeudos en su totalidad o enfrentar procesos de ejecución fiscal, como embargos o aseguramientos, conforme marca la ley.

El conglomerado empresarial ha insistido en que los cálculos del SAT presentan “cobros duplicados” y recargos excesivos. A través de comunicados previos, Grupo Salinas ha advertido que, de confirmarse la resolución, recurrirá a instancias internacionales para impugnar lo que consideran una actuación arbitraria del sistema fiscal mexicano.

Un caso emblemático para la justicia fiscal

Este fallo es considerado uno de los más relevantes en materia de grandes contribuyentes en los últimos años, pues confirma la postura del Estado mexicano de exigir el pago íntegro de adeudos fiscales independientemente del tamaño o influencia de los grupos económicos involucrados.

La resolución también marca un precedente para futuros litigios entre corporaciones y el SAT, al reafirmar la facultad del organismo para auditar, revisar y exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias sin que los amparos funcionen como un mecanismo para evadir pagos definitivos.