El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Ciudad Juárez, Iván Pérez, fijó postura respecto al reciente anuncio del Gobierno Federal sobre el incremento al salario mínimo y la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales. Durante su intervención, Pérez reconoció que el ajuste salarial del 5 por ciento corresponde a la inflación anual de 4.95 por ciento; sin embargo, advirtió que el reto principal será evitar que el aumento genere presiones adicionales en los costos finales para los consumidores.

“Si el trabajador no puede comprar lo mismo que podía hace diez años, aun con incrementos salariales, entonces tenemos una oportunidad muy importante para trabajar en el tema financiero”, señaló el dirigente empresarial. Explicó que, aunque el alza al salario mínimo busca fortalecer el poder adquisitivo, existe el riesgo de que el incremento en insumos y servicios reduzca el impacto positivo en los hogares, afectando el consumo y el precio final de los productos.

En cuanto al anuncio sobre la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas, Pérez reiteró la posición de CANACO para que Ciudad Juárez sea considerada como una de las sedes prioritarias de las mesas de trabajo previas a la aprobación de la reforma. Destacó que en la ciudad alrededor del 65 por ciento de los empleos dependen de la industria maquiladora, por lo que resulta indispensable evaluar a fondo los impactos operativos y financieros.

El dirigente subrayó que, aunque la intención de la iniciativa es positiva, una aplicación acelerada podría afectar de manera significativa a las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían verse obligadas a reducir su tamaño operativo o incluso a recortar personal. “No creemos que esa sea la intención final de esta reforma, pero es importante que se escuche a los empresarios para evitar impactos negativos que nadie desea”, puntualizó.

Pérez reiteró la disposición del sector empresarial para participar en el diálogo y construir acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales sin comprometer la estabilidad de las empresas ni la generación de empleo en la frontera.