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El gobierno de Estados Unidos lanzó señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al sugerir presuntos vínculos con grupos del crimen organizado; sin embargo, autoridades federales mexicanas rechazaron de inmediato las acusaciones y afirmaron que no existe evidencia que las sustente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó los señalamientos como infundados y subrayó que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas formales ni información verificable que respalde dicha versión. La dependencia añadió que cualquier acusación debe canalizarse por las vías diplomáticas y jurídicas correspondientes.

En el mismo sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que no existe carpeta de investigación abierta contra el mandatario estatal por presuntos nexos con algún cártel. La institución reiteró que, de contar con elementos suficientes, actuaría conforme a la ley, pero recalcó que no se puede proceder únicamente con declaraciones sin respaldo probatorio.

El caso ha generado tensión política y reacciones en distintos sectores, al tratarse de una acusación de alto impacto que involucra a un gobernador en funciones y a la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Tanto la SRE como la FGR insistieron en que México mantiene cooperación con agencias estadounidenses, pero bajo el principio de respeto a la soberanía y con base en información comprobable, no en señalamientos públicos sin sustento.

FGR anuncia investigación propia sobre presuntos nexos de Rocha con ‘Los Chapitos’

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación independiente tras los señalamientos sobre presuntos nexos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la facción criminal conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.

A través de un posicionamiento oficial, la FGR aclaró que la indagatoria se llevará a cabo con base en información propia y cooperación internacional, pero subrayó que hasta ahora no existen pruebas concluyentes que acrediten una relación directa del mandatario estatal con dicha organización criminal.

La fiscalía señaló que la apertura de esta revisión responde a la relevancia pública del caso y a versiones difundidas en instancias extranjeras, particularmente en Estados Unidos, por lo que se analizarán todos los elementos disponibles conforme a la ley y al debido proceso.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que el gobierno mexicano no ha recibido evidencia formal que sustente las acusaciones, y recordó que cualquier información debe compartirse por los canales legales y diplomáticos establecidos.

El anuncio de la FGR ocurre en medio de una creciente atención política y mediática, al tratarse de acusaciones que involucran a un gobernador en funciones y a una de las organizaciones criminales más relevantes del país. Las autoridades federales insistieron en que no habrá juicios mediáticos y que cualquier determinación se tomará exclusivamente con base en pruebas verificables.