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17 legislaturas locales deberán aprobar la reforma, surgida de una iniciativa del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que no podrá aplicarse en las elección del 2027 porque él mismo retiró la legislación secundaria. 

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece la intervención o injerencia extranjera como una nueva causa para anular elecciones en México, tanto a nivel federal como estatal. La iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados, fue enviada a los congresos locales para su eventual validación.

La propuesta fue avalada con 85 votos a favor y 42 en contra durante una sesión que se extendió hasta la madrugada del 29 de mayo de 2026. Con este resultado, se logró la mayoría calificada necesaria para modificar el artículo 41 de la Constitución.

La reforma plantea que, si se comprueba que actores extranjeros —como gobiernos, organizaciones o individuos— intervinieron de manera determinante en un proceso electoral, este podrá ser invalidado. Entre las posibles formas de intervención se incluyen financiamiento ilícito, campañas de desinformación, manipulación digital o presión política y mediática desde el exterior.

De acuerdo con legisladores del oficialismo, el objetivo es proteger la soberanía nacional y garantizar que las decisiones democráticas correspondan exclusivamente al pueblo mexicano, sin influencia externa.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas por parte de la oposición, que advierte que la redacción es ambigua y podría prestarse a interpretaciones discrecionales o a un uso político para cuestionar resultados electorales. Asimismo, señalan que la ausencia de legislación secundaria dificulta establecer con claridad cómo se acreditará la intervención extranjera y bajo qué procedimientos se aplicará la nulidad.

Otro punto relevante es que la medida no aplicaría para las elecciones de 2027, debido a que no se cuenta aún con las leyes reglamentarias necesarias y a los plazos establecidos en materia electoral.

La reforma deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales para que entre en vigor, en un proceso que definirá el alcance real de esta nueva disposición en el sistema electoral mexicano.