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A pesar de sus triunfos ante la Suprema Corte, la agenda antimigratoria de Trump sigue enfrentando retrocesos y derrotas.

La Suprema Corte de Estados Unidos permitió que el gobierno del presidente Donald Trump continúe aplicando una de sus políticas migratorias más controvertidas, al autorizar de manera temporal la deportación expedita de inmigrantes hacia terceros países, incluso cuando no sean sus lugares de origen.

La decisión representa una victoria para la administración federal en su estrategia para endurecer el control migratorio y ampliar las opciones para la expulsión de personas que enfrentan procesos de deportación. El fallo deja sin efecto, por ahora, una orden judicial que exigía otorgar a los migrantes la oportunidad de impugnar su traslado si existía el riesgo de persecución, tortura o tratos inhumanos en el país de destino.

La resolución generó un fuerte debate dentro del máximo tribunal. En su voto disidente, una de las ministras advirtió que la decisión podría tener consecuencias irreparables para miles de personas. Señaló que permitir estas deportaciones sin las debidas garantías procesales podría poner en peligro la vida de migrantes vulnerables y aumentar el riesgo de que enfrenten violencia o incluso la muerte.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos también expresaron su preocupación, al considerar que la medida debilita las protecciones internacionales para quienes buscan refugio y asilo, además de limitar el acceso a un debido proceso.

Por su parte, la Casa Blanca defendió el fallo al asegurar que fortalecerá la aplicación de las leyes migratorias y contribuirá a mejorar la seguridad fronteriza.

Se espera que el litigio continúe en tribunales inferiores mientras se resuelve de manera definitiva la legalidad de esta política migratoria, cuyo impacto podría extenderse a miles de personas que actualmente enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos.