Ciudad Juárez, Chih.- Tres integrantes de una célula dedicada al secuestro de personas migrantes fueron sentenciados a 600 años de prisión tras ser encontrados culpables de mantener cautivas a 12 personas extranjeras, entre ellas cuatro menores de edad, a quienes sometieron a violencia física, psicológica y sexual mientras exigían fuertes sumas de dinero a sus familiares para liberarlas.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que, como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos dictó la sentencia condenatoria contra Jairo P. Z., Daniel P. Z. y Ashley Martín T. M., al acreditar plenamente su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Las víctimas, originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, permanecieron privadas de la libertad desde el 10 de junio de 2024 en un domicilio del fraccionamiento Praderas del Sol, en Ciudad Juárez.

Durante el cautiverio, los ahora sentenciados, junto con otras personas, golpearon a las víctimas con armas de fuego, tubos, cinturones y puños, además de ejercer violencia moral y sexual para obligarlas a permanecer encerradas mientras contactaban a sus familiares para exigir rescates de hasta 17 mil dólares a cambio de su libertad.

La pesadilla terminó la noche del 18 de julio de 2024, cuando un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) permitió rescatar a las 12 víctimas y detener en flagrancia a los responsables. En el inmueble también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres.

Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso a los responsables el pago de una multa y la reparación integral del daño a las víctimas.

La Fiscalía General del Estado destacó que esta es la segunda sentencia ejemplar dictada en menos de dos semanas contra responsables de secuestros de personas en situación de movilidad, lo que, señaló, reafirma el compromiso de la institución para garantizar el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten contra la libertad, la integridad y el patrimonio de las víctimas, sin importar su nacionalidad.