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La resolución, derivada de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición, también fija un criterio para que tribunales inferiores resuelvan más de 90 amparos de investigadores de instituciones privadas que consideran discriminatoria la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó disposiciones de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que establecen condiciones diferentes para que investigadores de instituciones públicas y privadas accedan a recursos gubernamentales.

La decisión mantiene el esquema que prioriza los estímulos económicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) para quienes están adscritos a instituciones públicas, aunque contempla determinadas vías para que académicos del sector privado también puedan recibirlos.

La Corte respalda la constitucionalidad de la ley

El Pleno analizó las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la legislación aprobada en 2023 y determinó mantener vigentes las disposiciones cuestionadas.

La mayoría consideró que el Estado puede establecer prioridades para distribuir los recursos públicos destinados al desarrollo científico y tecnológico, buscando orientar la investigación hacia necesidades nacionales y procurar un uso eficiente del presupuesto.

¿Los investigadores de universidades privadas quedan excluidos?

No de manera absoluta.

Los investigadores pertenecientes a instituciones privadas podrán acceder a apoyos gubernamentales cuando sus proyectos respondan a prioridades nacionales o cuando desarrollen determinadas actividades sustantivas en instituciones públicas.

Fuera de estos supuestos, los estímulos económicos pueden ser cubiertos por las propias instituciones privadas mediante convenios.

De esta manera, la legislación no impide que académicos de universidades privadas formen parte del SNII, pero establece condiciones distintas para acceder a los estímulos financiados directamente con recursos públicos.

También avalan las reglas para becas de posgrado

La Suprema Corte también respaldó las disposiciones relacionadas con las becas y apoyos para estudiantes de posgrado.

La legislación prioriza determinados programas de instituciones públicas y establece condiciones para universidades privadas relacionadas con el cobro de colegiaturas.

El criterio es que los recursos de las becas públicas estén dirigidos principalmente a gastos de manutención, vivienda y transporte de los estudiantes y que su distribución considere la disponibilidad presupuestaria.

División entre ministros por el trato a investigadores privados

La discusión generó diferencias dentro de la Suprema Corte.

Una de las principales críticas fue que distinguir a los investigadores dependiendo de si trabajan para una institución pública o privada podría representar un trato desigual para académicos con méritos científicos similares.

La mayoría del Pleno, sin embargo, consideró constitucional que el Estado establezca prioridades en la distribución de recursos públicos, siempre que existan mecanismos mediante los cuales investigadores del sector privado también puedan acceder a determinados apoyos.

El fallo tendrá impacto en decenas de amparos

La resolución adquiere especial importancia porque existen más de 90 amparos promovidos por investigadores de instituciones privadas contra estas disposiciones.

El criterio adoptado por la Suprema Corte servirá como referencia para resolver esos procedimientos judiciales.

Cambia el panorama del financiamiento científico

Con esta resolución, la Suprema Corte mantiene uno de los principios centrales del modelo establecido por la legislación de 2023: priorizar el uso de recursos públicos para investigadores e instituciones del sector público, sin cerrar completamente la posibilidad de financiar proyectos provenientes de instituciones privadas.

El fallo abre una nueva etapa en el debate sobre cómo debe distribuirse el presupuesto destinado a la ciencia en México y hasta dónde debe llegar la responsabilidad del Estado en el financiamiento de investigadores que trabajan en universidades y centros privados.