En el PAN de Chihuahua todos defienden la ley. El inconveniente es que, al escucharlos hablar del caso César Jáuregui, parece que cada quien recibió una edición distinta.

Maru Campos respalda la investigación estatal contra su exfiscal. Marco Bonilla cuestiona la acusación federal. Jorge Romero intenta defender a la gobernadora sin abandonar al detenido. Y Daniela Álvarez acusa cálculo político de Morena, mientras pide que sean los jueces quienes decidan. La unidad panista parece funcionar perfectamente, siempre que nadie pregunte exactamente en qué están unidos.

Conviene distinguir los expedientes: apoyar una investigación estatal y cuestionar una acusación federal no constituye, por sí mismo, una contradicción. Son procedimientos distintos. Defender la presunción de inocencia tampoco obliga a justificar todas las decisiones de un exfuncionario.

Pero esa precisión jurídica no alcanza para disimular el desencuentro político.

La gobernadora ya había cuestionado que Jáuregui y otros funcionarios actuaran sin informarle sobre las acciones relacionadas con agentes estadounidenses. Después de la detención, sostuvo que la investigación estatal cumplió su etapa inicial y que ahora corresponde resolver al Poder Judicial. También ofreció colaboración con la Federación.

Es una postura institucionalmente defendible. Políticamente, sin embargo, coloca una pregunta sobre la mesa: ¿cómo explica el partido que una parte de su estructura vea persecución donde el gobierno emanado de sus propias filas presenta resultados de una investigación?

Daniela Álvarez decidió separar las causas. La dirigente estatal calificó la actuación de la FGR como un espectáculo de cálculo político, evitó adelantar juicios sobre Jáuregui y señaló que quienes ocupan cargos públicos deben responder ante la ley cuando corresponda.

La fórmula tiene su mérito: prudencia para el expediente local e indignación para el federal. Así se puede respaldar a la gobernadora, acompañar parcialmente al exfiscal y reservar el señalamiento más duro para Morena. Tres equilibrios en un solo posicionamiento; casi una disciplina olímpica.

La dificultad está en que los simpatizantes de Jáuregui no necesariamente comparten esa distribución de responsabilidades. Mientras la dirigencia distingue competencias, algunos militantes y personas cercanas al exfiscal han señalado directamente a Maru Campos y han utilizado la palabra traición. La inconformidad interna existe y no desaparece por cambiarle el destinatario en un comunicado.

Bonilla también ha concentrado sus críticas en la Federación. Consideró desproporcionada y sin fundamento la acusación de traición a la patria y atribuyó a Morena una utilización política de la justicia. Su postura le permite defender garantías para Jáuregui sin confrontar directamente la investigación estatal respaldada por Campos.

A Jorge Romero le toca explicar que la detención estatal fue una decisión de la Fiscalía y rechazar que deba atribuirse personalmente a la gobernadora. Al mismo tiempo, cuestiona la imputación federal. El dirigente busca mantener juntos a quienes hoy necesitan explicaciones muy diferentes.

Fuera de los mensajes cuidadosamente redactados está el panismo que salió a respaldar al exfiscal. Las protestas mostraron que Jáuregui conserva apoyos propios y que su situación rebasa una disputa entre dos personajes. Entre quienes acudieron estuvieron el senador Mario Vázquez y el exalcalde Juan Blanco.

¿Está quebrantado el PAN? Hay elementos para hablar de una fractura política, aunque todavía sería precipitado declararla irreversible. Los partidos pueden sobrevivir a conflictos severos. Lo difícil es convencer a sus integrantes de que todos recibirán el mismo trato cuando la confianza empieza a sustituirse por sospechas.

Daniela puede pedir unidad, Bonilla puede señalar a Morena y Romero puede deslindar a Maru. Ninguna de esas intervenciones resuelve por sí sola el problema central: una parte del panismo se siente agraviada por actuaciones que el gobierno panista defiende como legales.

Y ahí la oposición tiene poco trabajo que hacer. Le basta con poner las declaraciones una detrás de otra y permitir que los protagonistas expliquen las diferencias.

¿Será esta la caída electoral del PAN? Nadie puede asegurarlo. El resultado dependerá de las investigaciones, de su capacidad para procesar el conflicto y, sobre todo, de la valoración ciudadana sobre su gobierno. Una crisis interna no sustituye una elección, pero puede consumir la energía que un partido necesita para competir.

Jáuregui deberá defenderse ante los tribunales. El PAN tendrá que explicar ante sus electores cómo pasó de presumir un equipo a administrar sus deslindes.

Por ahora, la fotografía de unidad sigue disponible. Lo complicado será conseguir que todos quieran volver a salir juntos.