Seis de cada 10 presos federales pertenecen a cárteles, principalmente a Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Te decimos qué otras células delictivas se beneficiarían de esto.

Los narcotraficantes presos sin sentencia ya ven la luz del otro lado de las rejas. Esto podría ser porque seis de cada 10 reos en cárceles federales pertenecen a los cárteles más peligrosos del país, principalmente a Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa.

De ellos, más de 4 mil no han sido condenados y podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  determina declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.

Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que MILENIO obtuvo vía la ley de Transparencia y Acceso a la Información, indican que hasta marzo de este año había 20 mil 628 personas confinadas en los penales administrados por el gobierno federal.

Del total, 11 mil 823 son integrantes de la delincuencia organizada y 8 mil 805 no tienen vínculos con dichas organizaciones. En otras palabras, 57 de cada 100 internos forman parte del narco.

Las estadísticas revelan que Los Zetas es el grupo criminal con más miembros encarcelados, sumando mil 536. La fuerza de este cártel, que ganó fama de ser el más temible y sanguinario en el sexenio de Felipe Calderón, se ha ido diluyendo con el paso de los años.

Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), considera que existe “una altísima probabilidad de que estos presos se reincorporen a alguna banda criminal –no necesariamente a la que estuvieron antes de ser aprehendidos– porque muchos de ellos no saben hacer otra cosa”.

El especialista prevé que la Corte eliminará la prisión preventiva oficiosa, “pero no puede ser de golpe y no va a ser de golpe”. También opina que la presencia de miembros de grupos criminales que “prácticamente ya no existen” (como Los Zetas) refleja que muchos de esos imputados llegaron en sexenios pasados.

Aunque también hay personas encarceladas capturadas en la actual administración, lo que evidenciaría que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “sí regresó a la estrategia de detener a los generadores de violencia a través del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia”, agrega el experto.

Después de los presuntos integrantes de Los Zetas, las mafias que tienen a más de sus integrantes tras las rejas son los cárteles de Jalisco y Sinaloa, con mil 338 y mil 140 individuos respectivamente. Son estas dos organizaciones las que ostentan hoy el mayor poderío criminal y protagonizan una lucha encarnizada que, como en tiempos del calderonismo y el sexenio de Peña Nieto, no han dejado de ocupar los titulares de prensa.

El cártel del Golfo es la cuarta organización con más integrantes en prisión, con mil 92. Le siguen La Familia Michoacana (499), Los Mexicles (377), El cártel de Santa Rosa de Lima (344), El cártel del Noreste (278), Los Beltrán Leyva (243), Los Salazar (236), La Línea (203), Los Paisas (178), Los Caballeros Templarios (163), Los Azteca (155) y Los Arellano Félix (142).

Con menos de 100 miembros en prisión figuran en las estadísticas el cártel de Juárez, Los Sureños, Los Artistas Asesinos, el cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos, La Unión Tepito, Guerreros Unidos, Los Talibanes y Los Pelones, entre otros.

También hay 3 mil 242 internos que forman parte de otros grupos criminales, sin que se identifique cuáles son.

¿Cuántos narcos aún no tienen sentencia?

Las cifras del OADPRS, obtenidas mediante la solicitud de información con folio 330024024000091, dejan ver que 29% de todos los internos en penales federales no han sido sentenciados. En el caso de los ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, la proporción sube a 35 por ciento.

En números absolutos, son 6 mil 41 presos sin sentencia en cárceles federales, de los que 4 mil 170 pertenecen a algún cártel. Esto sólo en las prisiones que administra la Federación.

“No es un número menor”, considera Rodríguez, “y en la antesala del debate sobre la prisión preventiva oficiosa creo que estos datos se deben de poner también en el debate”.

La Suprema Corte está próxima a resolver la desaparición de la prisión preventiva oficiosa del sistema de justicia penal, luego de que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano eliminarla por ser contraria a las garantías internacionales.

Esto no implicaría en lo inmediato una desbandada de las cárceles, pero sí permitiría a los abogados solicitar a los jueces que revisen la medida cautelar impuesta a sus clientes y la sustituyan por otras para que lleven su juicio en libertad.

La prisión preventiva oficiosa, recogida en el artículo 19 de la Constitución, permite enviar de forma automática a la cárcel a quien sea acusado de un catálogo de 16 delitos de alto impacto que van desde delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso hasta robo de casa habitación.

El argumento para justificar una medida cautelar así es que evita que el acusado se dé a la fuga mientras transcurre el juicio o tome represalias contra víctimas, testigos e incluso los jueces que analizan el caso.

Quienes se oponen a que siga esta figura procesal sostienen que viola la presunción de inocencia al encarcelar a personas que legalmente no son culpables, a pesar  de que afecta principalmente a los más pobres que no tienen dinero para pagar por una buena defensa y llegan a pasar incluso años en prisión sin recibir sentencia.

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado repetidamente que la prisión preventiva oficiosa en México viola el principio de presunción de inocencia y que sólo debe ser usada en casos excepcionales, todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México solicitaron a la SCJN no declarar inconstitucional tal medida cautelar.

Sin distingo de partido político, los mandatarios se unificaron para presentar un recurso de Amicus Curiae (Amigos de la Corte) para advertir a los ministros que una decisión así “impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país”.

El presidente López Obrador ha sido un férreo defensor de mantener la prisión preventiva como un instrumento para combatir la delincuencia y ha pedido al máximo tribunal del país que “entre en razón y no apruebe ese cambio porque va a significar impunidad”.

El 16 de abril, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que la eliminación de la prisión preventiva significaría la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes de los ámbitos federal y estatal.

“Vemos un riesgo a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa; incluso, con alto riesgo de darse a la fuga”, dijo la responsable de la política interior.

¿Qué tan viable es quitar la prisión preventiva? 

A Gerardo Rodríguez también le preocupa que el sistema penitenciario, tanto federal como estatal, no cumpla con su función de reinserción social.

Considera que tiene que existir un modelo de transición que permita a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Fiscalías estatales reforzarse humana y tecnológicamente para mejorar su trabajo, que hoy es deficiente.

El ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien siempre se había pronunciado en contra de la prisión preventiva oficiosa, aceptó el martes 21 de mayo en el programa de radio del periodista Ciro Gómez Leyva que no puede quitarse ipso facto mientras no exista un sistema de medidas cautelares para vigilar en en que están las personas bajo proceso.

“Mientras no haya un sistema nacional de medidas cautelares, sí sería extraordinariamente peligroso abrir irreflexivamente el tema de la prisión preventiva oficiosa (…) Se corre el riesgo de que salgan presuntos delincuentes peligrosos en un momento como este, sí me parece que es algo que hay que ponderar”, opinó el ministro en retiro.

Rodríguez considera que pasarán alrededor de dos años antes de que exista un modelo que reemplace por completo al de la prisión preventiva oficiosa.

Fuente: Milenio