Cada determinado tiempo, la dependencia realiza una verificación aleatoria al patrimonio de los servidores públicos mediante un sorteo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a empleados de 35 dependencias del gobierno federal por posibles irregularidades en sus bienes y en el historial de su patrimonio personal declarado en los últimos años.

De acuerdo con información proporcionada a MILENIO vía transparencia, de julio de 2017, cuando entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia de la SFP ha realizado 234 verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales y 51 verificaciones a la evolución (o historial) patrimonial de empleados federales para buscar inconsistencias en la información reportada año tras año.

De acuerdo con la normatividad, la evolución patrimonial es el cambio que se registra, en un periodo determinado, en el número de bienes y de recursos económicos que posee un servidor público, su concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, que se reporta en su declaración de situación patrimonial y de intereses.

En ésta se incluyen los adeudos, ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y otros movimientos del empleado federal.

La SFP tiene la facultad de realizar, de manera aleatoria, un análisis a la evolución patrimonial de los empleados federales, el cual consiste en revisar la congruencia entre lo reportado en las declaraciones de situación patrimonial para determinar si existe un incremento inexplicable o injustificable en el patrimonio de un empleado, en función de sus remuneraciones.

De las revisiones aleatorias que ha hecho la SFP en los últimos siete años, se iniciaron más de 300 expedientes de investigación a empleados federales que poseen bienes y recursos económicos que podrían resultar sospechosos.

De esos más de 300 expedientes, 151 ya derivaron en sanciones, que van desde suspensiones hasta destituciones, contra empleados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y uno contra un trabajador de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

En el IPN, se han aplicado 10 inhabilitaciones y ocho destituciones con inhabilitaciones, además de 87 suspensiones, 43 amonestaciones privadas y cuatro amonestaciones públicas, por inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos.

Expedientes abiertos

Los demás expedientes, en los que la investigación permanece abierta, corresponden a empleados federales de la Guardia Nacional, que concentra 30 casos; el IMSS, con 41; la Secretaría de Educación Pública, con 12; Pemex Logística, con ocho; la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural, con ocho; Prevención y Readaptación Social, con cinco; Pemex Exploración y Producción, con cinco; Pemex Corporativo, con cuatro, y el SAT, con cuatro.

Además, del Instituto Nacional de Bellas Artes y las secretarías de Cultura, Salud, Seguridad, hay tres por cada uno, mientras que, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay tres más.

El procedimiento

La verificación aleatoria al patrimonio de los servidores públicos se realiza mediante un sorteo y no utiliza información previa como insumo para decidir a qué empleado federal aplicarle la revisión.

Se utiliza un algoritmo que compara desde la declaración más reciente hasta la más antigua e identifica variaciones entre sí; si el resultado no arroja ninguna inconsistencia, se emite una constancia, pero si se detecta alguna incongruencia, se procede, primero a una conciliación.

Sin embargo, si como resultado de la conciliación sigue habiendo incongruencias, se inicia un procedimiento de investigación en materia de evolución patrimonial, que puede llegar hasta la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, si hay elementos suficientes para acusar enriquecimiento ilícito.

Además de la verificación aleatoria, otras razones por las que puede iniciarse un procedimiento de este tipo son: si existen indicios que hagan presumir ocultamiento o un incremento inexplicable o injustificable en el patrimonio de una persona servidora pública en virtud de su remuneración; por denuncia de una autoridad competente o si los resultados de auditorías arrojan evidencias de que puede haber un enriquecimiento ilícito.

El expediente de dicha investigación debe incluir recibos de nómina y comprobantes fiscales digitales por internet, declaraciones fiscales, constancias que contengan fechas de nombramiento, contratos y bajas laborales, pago de viáticos; actas de nacimiento, matrimonio y divorcio; contratos de apertura de cuentas bancarias, sus estados de cuenta e institución financiera y, en su caso, la documentación que soporte cualquier tipo de crédito, pago, beneficio o recurso otorgado por cualquier concepto;

Además, se podrá pedir información a los gobiernos estatales respecto de los registros públicos de la propiedad y del comercio y de los registros vehiculares, así como al IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, INFONAVIT, SAT, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Fuente: Milenio