La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes por primera vez con padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, ocasión en la que la futura mandataria se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia de un caso que ha conmocionado dentro y fuera del país.

De acuerdo con Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 jóvenes, en el encuentro, realizado de forma privada, los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno, y pueda darle seguimiento a los temas de la investigación del caso junto con su equipo de transición.

“Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos (las familias), que es verdad, justicia y dónde están los jóvenes”, dijo Sheinbaum a la prensa, a su salida del recinto.

La reunión entre Sheinbaum y los padres de los 43 normalistas se efectuó en el Museo de la Ciudad de México, luego del encuentro que más temprano sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Rosales calificó el encuentro con la futura mandataria como algo “positivo” y “un primer acercamiento”. Dijo que la ganadora de la elección presidencial 2024-2030 indicó que la próxima reunión con las familias sucederá una vez que ella asuma la presidencia, después del 1 de octubre próximo.

El encuentro entre las familias de los 43 normalistas y López Obrador se realizó días después de que publicaron una carta dirigida al mandatario mexicano en reclamo al informe que éste les envió el 8 de julio pasado, y donde hace referencia a una presunta confabulación para manchar su Gobierno y la imagen del Ejército.

En un comunicado, la Presidencia de México reiteró este lunes que el Gobierno mexicano “no encubre ni protege a ninguna persona, en específico, a elementos de alto nivel al interior del Ejército”.

Sobre el avance en la búsqueda de los folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) solicitados por madres y padres de los 43 estudiantes, la Presidencia informó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), la comisión gubernamental para el caso Ayotzinapa, realizó un nuevo análisis de las más de 121.000 páginas aportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De esa indagatoria –señala el documento– la Covaj localizó y entregó a las familias 85 documentos, de los que 15 son nuevos folios y 70 son documentos que transcriben o hacen referencia a la información solicitada por los padres, sin dar más detalles.

CNN solicitó más información sobre este asunto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero sin respuesta hasta el momento.

Una investigación “sin novedades, ni avances”

Vidulfo Rosales, abogado de padres de los 43 normalistas, dijo a la prensa que en su reunión con López Obrador las familias le presentaron su propio informe, y que acordaron con él que lo leería para luego tener una reunión pactada para el 27 de agosto próximo.

“Obviamente, tenemos muy pocas expectativas de que se pueda avanzar; son pocos meses y, de acuerdo a los datos que hay en la investigación, no vemos novedades, no vemos avances”, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, a su salida del encuentro con Sheinbaum.

López Obrador adoptó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos como un compromiso de campaña cuando contendía por tercera ocasión por la presidencia de México, y una vez que asumió el poder, en diciembre de 2018.

Felipe de la Cruz, uno de los padres de los 43 jóvenes, dijo a la prensa que no obstante las diferencias con López Obrador, “y la diferencia de ideas”, el mandatario les ha dicho que mantiene su compromiso con los padres, y que “habrá justicia”.

“Y con la doctora (Sheinbaum) el compromiso es el mismo, ella ha marchado desde el inicio de esta tragedia y hoy ratifica el compromiso de que esto no termina”, añadió De la Cruz.

Según las autoridades mexicanas, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por policías corruptos, coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Por este caso, que conmocionó a México, decenas de personas ―incluidos policías y otros funcionarios― están detenidos.

En agosto de 2022, el exjefe de la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGR), Jesús Murillo Karam, fue detenido por la Fiscalía acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia. En septiembre de ese año, un juez de distrito le concedió una suspensión definitiva al exprocurador contra la vinculación a proceso por esos delitos.

Durante su gestión, Murillo Karam presentó y defendió la “verdad histórica”, como se conoce a la explicación que las autoridades de entonces dieron sobre los hechos y que ahora la Fiscalía General de la República considera una fabricación. Esta primera versión sostiene que los estudiantes fueron secuestrados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes después los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

El Gobierno de México ha dicho que la desaparición de los 43 jóvenes fue “un crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.

El exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha señalado que autoridades municipales, estatales y federales “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala hasta su desaparición.

Fuente: CNN