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Desde 2023, el gobierno de Chihuahua permitió que agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tengan acceso directo e ilimitado a la plataforma estatal de videovigilancia Centinela, que concentra alrededor de 4 mil cámaras distribuidas en puntos estratégicos del estado, particularmente en la zona fronteriza con Texas.

La información se desprende de un memorando de entendimiento firmado por el gobierno estatal con el gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, documento que establece mecanismos formales de colaboración transfronteriza en materia de seguridad, sin mediación directa del Gobierno Federal mexicano.

Acceso a la Plataforma Centinela

De acuerdo con la documentación y reportes obtenidos por La Jornada, autoridades estadounidenses pueden visualizar en tiempo real las imágenes captadas por el sistema Centinela desde la Torre Centinela, un centro de mando de alta tecnología ubicado en Ciudad Juárez, considerado el eje de la estrategia de seguridad estatal.

La plataforma forma parte de una inversión aproximada de 200 millones de dólares y utiliza cámaras fijas, móviles, drones e inteligencia artificial para el monitoreo de carreteras, cruces fronterizos, parques industriales y zonas urbanas.

El acuerdo Chihuahua–Texas

El memorando firmado en 2023 establece que Texas y Chihuahua trabajarían de manera coordinada para reforzar la seguridad en los cruces internacionales, combatir el tráfico de drogas —en particular fentanilo— y frenar el paso de migrantes hacia territorio estadounidense.

Entre los compromisos explícitos del documento se incluyen:

• Uso de la plataforma Centinela para monitorear vehículos que se aproximan a la frontera.
• Supervisión de camiones de carga maquiladora desde su salida en parques industriales hasta el cruce fronterizo.
• Apoyo con drones y bases de datos para vigilar el muro fronterizo y el cauce del río Bravo.

Este acuerdo otorgó a agencias como el FBI, así como a otras instancias estadounidenses, capacidades de observación e intercambio de información sin restricciones claras de alcance, según los términos conocidos hasta ahora.

Presencia de agencias estadounidenses

Reportes adicionales señalan que la Torre Centinela alberga o albergará de manera permanente a analistas de agencias estadounidenses como el FBI, DEA, CBP y HSI, quienes operan desde pisos específicos del edificio bajo esquemas de análisis e inteligencia, no de operativos en campo, según versiones del gobierno estatal.

Sin embargo, estas acciones se realizan mientras aún están en revisión los procesos de autorización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del esquema.

Debate por soberanía y legalidad

La revelación del acceso otorgado al FBI y otras agencias ocurre en medio de una controversia nacional, tras confirmarse la participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en Chihuahua sin autorización federal, situación que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Legisladores y analistas han advertido que los gobiernos estatales no tienen facultades para firmar acuerdos internacionales en materia de seguridad, ni para compartir infraestructura estratégica de vigilancia sin aval federal, lo que abre la puerta a responsabilidades políticas y legales.

Lo que sigue

El Senado de la República y diversas comisiones legislativas analizan el caso, mientras se espera que autoridades de Chihuahua expliquen el alcance real del pacto con Texas, el tipo de información compartida y desde cuándo el FBI y otras agencias tienen acceso directo a sistemas de videovigilancia en territorio mexicano.

Hasta el momento, no se ha hecho público el contenido íntegro del memorando, ni se ha aclarado si el acuerdo fue notificado formalmente a instancias federales al momento de su firma.