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Senadores de Morena advirtieron que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, puede ser sujeta de juicio político, ya que su actuación en el caso de los dos agentes de Estados Unidos que participaron en un operativo contra el narcotráfico en la entidad configura violaciones graves a la Constitución y otras leyes.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, podría enfrentar un juicio político e incluso una pena de hasta 40 años de prisión, luego de las acusaciones surgidas por la presunta colaboración indebida de su gobierno con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en operativos de seguridad dentro del territorio estatal.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, senadores de Morena advirtieron que los hechos relacionados con la presencia y actuación de agentes estadounidenses en Chihuahua podrían configurar violaciones graves a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y, en un escenario extremo, el delito de traición a la patria, contemplado en el Código Penal Federal con sanciones que van de cinco a 40 años de prisión.

¿Qué originó el caso?

La controversia se desató tras la muerte de dos agentes estadounidenses, identificados como integrantes de la CIA, que participaban en un operativo contra el narcotráfico en la sierra de Chihuahua. Legisladores señalaron que, según información difundida por autoridades estatales, los agentes habrían ingresado al país y realizado actividades operativas sin la autorización expresa del Gobierno Federal, algo que está estrictamente limitado por la ley mexicana.

El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que de las declaraciones públicas de la gobernadora, del fiscal estatal César Jáuregui y de otros funcionarios, se desprende una acción deliberada para permitir que personal extranjero ejerciera facultades reservadas exclusivamente a autoridades mexicanas, lo cual podría derivar en responsabilidades políticas y penales.

Posibles consecuencias legales

De comprobarse las acusaciones, Maru Campos podría ser sujeta a un juicio político, conforme a los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución. Además, los senadores advirtieron que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría facultada para abrir una carpeta de investigación de oficio, sin necesidad de denuncia previa, por posibles delitos contra la seguridad nacional.

Uno de los señalamientos más delicados es que los agentes extranjeros habrían portado uniformes de la policía estatal de Chihuahua para ocultar su identidad durante el operativo, lo que, según legisladores, agrava la posible violación al marco constitucional mexicano.

Posturas encontradas en el Congreso

Mientras el Partido del Trabajo (PT) y sectores de Morena han exigido avanzar hacia un juicio político y una eventual destitución, otras voces dentro del oficialismo han llamado a la prudencia y al diálogo institucional. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se pronunció en contra de una confrontación política y sugirió privilegiar la vía diplomática para atender el caso.

Por su parte, el PAN ha cerrado filas en defensa de la gobernadora, acusando que el tema se ha politizado y señalando que la responsabilidad de autorizar la presencia de agentes extranjeros recae en instancias federales.

Lo que sigue

El Senado de la República citó a Maru Campos y al fiscal de Chihuahua a comparecer ante comisiones para explicar los hechos y aclarar el alcance de la colaboración con agencias estadounidenses. Aunque esta comparecencia no implica automáticamente una sanción, podría marcar el rumbo de las decisiones políticas y legales en uno de los casos más delicados para la soberanía nacional en años recientes.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial ni una acusación formal en su contra, y cualquier responsabilidad deberá determinarse conforme avancen las investigaciones y los procesos legislativos correspondientes.