La dirigente panista Daniela Álvarez no hizo una crítica política: lanzó un golpe personal. Al referirse al embarazo de Andrea Chávez para insinuar dónde podría nacer su bebé, si usaría el IMSS o si cruzaría a Estados Unidos, Álvarez colocó en el centro del ataque una condición íntima, corporal y familiar de una mujer que participa en la vida pública.

Eso no es debate democrático. Es golpeteo con carga de género.

En un país donde la violencia política contra las mujeres ha sido reconocida como una práctica que busca limitar, menoscabar o afectar el ejercicio de sus derechos políticos, este tipo de mensajes no son menores. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión basada en elementos de género que tenga por objeto o resultado afectar el ejercicio de sus derechos políticos o el desempeño de un cargo público.

Álvarez pudo cuestionar propuestas, trayectoria, decisiones legislativas o posturas públicas de Andrea Chávez. Eligió otra ruta: hablar de su embarazo, de su bebé y de un posible parto. Ese recurso no fortalece la crítica; la degrada.

El mensaje además abre la puerta a una posible revisión legal. No porque toda crítica dura sea sancionable, sino porque cuando la crítica se apoya en una condición asociada al género, la maternidad o el embarazo, puede analizarse bajo el marco de violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE reconoce que esta violencia afecta el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, como candidatas, militantes, dirigentes o funcionarias.

La frontera entre crítica política y violencia política se cruza cuando el ataque deja de dirigirse a la función pública y se enfoca en la vida personal, el cuerpo, la maternidad o los estereotipos de género. En este caso, el embarazo de Andrea Chávez fue usado como herramienta de burla, sospecha e insinuación.

Y eso tiene consecuencias.

El marco electoral mexicano contempla sanciones para conductas de violencia política contra las mujeres. Incluso existen registros de personas sancionadas por este tipo de actos, como ha ocurrido en casos confirmados por autoridades electorales.

Daniela Álvarez no está obligada a suavizar su oposición. Puede ser dura, frontal y crítica. Pero utilizar el embarazo de una adversaria como munición política es una forma baja de ataque y políticamente irresponsable.

La política mexicana ya tiene demasiada violencia como para normalizar que la maternidad de una mujer sea convertida en chiste, sospecha o amenaza discursiva.

Si Andrea Chávez decide denunciar, corresponderá a las autoridades electorales determinar si las expresiones configuran violencia política en razón de género. Pero el costo público ya existe: Álvarez convirtió una condición personal en arma de golpeteo.

Y eso, en cualquier democracia seria, debería ser condenado sin titubeos.