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Para la FGR, Ruffo y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) contenidos en 163 carrotanques.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, reciba una condena de entre 20 y 40 años de prisión por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, uno de los casos de presunto “huachicol fiscal” más relevantes de los últimos años.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Ruffo y varios de sus colaboradores habrían participado en un esquema que permitió el ingreso irregular de millones de litros de gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos hacia territorio mexicano, mediante maniobras que presuntamente incluían la falsificación de documentación y la evasión de impuestos federales.

Las autoridades sostienen que la organización utilizó una compleja red de empresas para introducir al país más de 18 millones de litros de combustibles transportados en decenas de carrotanques ferroviarios. Según la acusación, los productos eran declarados bajo conceptos distintos a su contenido real para evitar controles aduaneros y reducir las contribuciones fiscales correspondientes.

La audiencia judicial continúa en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la jueza encargada del caso deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exmandatario estatal y a los demás implicados.

La investigación también involucra a empresarios, agentes aduanales y otros presuntos colaboradores que habrían participado en la importación, distribución y comercialización de combustibles de manera irregular. Como parte de las indagatorias, las autoridades aseguraron más de un centenar de carrotanques y millones de litros de hidrocarburos que presuntamente carecían de documentación legal que acreditara su importación.

Ruffo, quien hizo historia al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México tras décadas de predominio del PRI, enfrenta ahora uno de los procesos judiciales más delicados de su trayectoria pública. La FGR sostiene que los delitos imputados ameritan sanciones severas debido al impacto económico y fiscal que habrían provocado al Estado mexicano.

Mientras la defensa del exgobernador rechaza las acusaciones y sostiene que se demostrará su inocencia durante el proceso, la resolución sobre una posible vinculación a proceso podría definir el rumbo de un caso que ha generado gran atención en los ámbitos político y judicial del país.