Aprueban reforma contra la piratería y el uso fraudulento de logotipos oficiales; la oposición la llama “ley antimemes”
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La Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Las modificaciones endurecen las sanciones contra la piratería y castigan con cárcel el uso de logotipos y documentos oficiales para cometer fraudes.
El oficialismo defendió la reforma como una herramienta contra las estafas en páginas falsas que imitan a dependencias de gobierno. La oposición, en cambio, la bautizó como “ley antimemes” y advirtió que podría usarse para castigar la sátira, la caricatura y la crítica política.
Una aprobación tras casi 10 horas de debate
El 21 de octubre, el dictamen fue aprobado en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra. Morena, el PT y el PVEM votaron a favor; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en contra.
Después de casi 10 horas de discusión, la reforma se aprobó también en lo particular con 281 votos a favor y 83 en contra. La oposición presentó 177 reservas, pero ninguna fue admitida.
El Senado ya había aprobado la minuta el 30 de septiembre. Por eso, ahora fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
Hasta cinco años de cárcel por usar logotipos oficiales para engañar
El punto más polémico es el nuevo artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Este artículo castiga a quien use, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. La conducta debe tener la intención de engañar para cometer un delito.
Las penas serán de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización. Esto equivale a entre 117 mil y un millón 173 mil pesos.
El objetivo, según sus promotores, es frenar los sitios web falsos que usan la imagen del gobierno para cobrar trámites de manera indebida.
Penas más duras contra la piratería
La reforma también endurece los castigos para delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial:
| Conducta | Pena de prisión |
|---|---|
| Producir, distribuir o vender copias piratas a escala comercial | 4 a 10 años |
| Difundir obras, películas, música o libros antes de su lanzamiento oficial | 4 a 10 años |
| Vender libros de texto gratuitos de la SEP | 3 a 7 años |
| Vender en la vía pública productos con marcas falsificadas | 2 a 6 años |
| Vender piratería de forma organizada o reiterada | 4 a 10 años |
Además, cuando las autoridades encuentren mercancía de procedencia dudosa en puestos fijos, semifijos o en la vía pública, la persona que la tenga en su poder responderá como responsable de esa mercancía.
La reforma busca cumplir con los compromisos de México en materia de propiedad intelectual dentro del T-MEC.
La oposición teme censura
PAN, PRI y MC sostuvieron que la redacción es ambigua y que deja abierta la puerta para castigar memes, caricaturas, parodias y publicaciones periodísticas.
La panista Paulina Rubio calificó la reforma como una “manzana envenenada”. Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, pidió regresarla a comisiones y realizar un parlamento abierto.
La oposición propuso agregar un párrafo para aclarar que las sanciones no aplicarían al periodismo, la sátira ni la crítica política. La propuesta fue rechazada.
Morena: “no se perseguirá a periodistas”
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que no era viable incluir excepciones para un sector específico dentro de una ley general. También aseguró que la reforma nunca se aplicará contra periodistas si no existe un delito.
Legisladores del oficialismo insistieron en que solo se castigará a quien use la imagen institucional con fines de lucro y con la intención de engañar para cometer un ilícito. Afirmaron que los memes, la caricatura política y la crítica ciudadana seguirán protegidos por la Constitución.
Con su próxima publicación, la reforma entrará en vigor en medio de un intenso debate sobre dónde termina el combate al fraude y dónde empieza el riesgo para la libertad de expresión.
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