Entre declaraciones de respaldo multitudinario y fotografías que contaban otra historia, el proceso de revocación de mandato contra Cruz Pérez Cuéllar terminó exhibiendo una enorme distancia entre el discurso de sus promotores y los resultados obtenidos.

Durante semanas, Jesús Salais Ruedas, uno de los principales promotores de la revocación de mandato contra Cruz Pérez Cuéllar, presumió una importante participación ciudadana en la recolección de firmas. Hablaba de largas filas, del entusiasmo de los juarenses y de un movimiento que, según sus declaraciones, avanzaba con fuerza.

Sin embargo, había un pequeño detalle: las imágenes difundidas no parecían acompañar semejante entusiasmo.

Mientras el discurso hablaba de multitudes, las fotografías mostraban una realidad mucho más discreta. Las supuestas largas filas no lograban apreciarse con la contundencia que ameritaban las declaraciones. Quizá estaban fuera del encuadre, quizá llegaron después de la fotografía o quizá simplemente nunca tuvieron las dimensiones que se presumían.

Lo cierto es que los números terminaron ofreciendo una perspectiva bastante menos espectacular.

De acuerdo con las cifras reportadas al 28 de octubre, el procedimiento había acumulado apenas 2 mil 488 firmas validadas, frente a las 63 mil 123 necesarias para cumplir el requisito de participación ciudadana.

Es decir, aproximadamente el 3.94 por ciento de la meta.

Una cifra que, por sí sola, no permite medir todo el respaldo que pudiera existir hacia la iniciativa, especialmente porque el procedimiento fue interrumpido antes de concluir el plazo establecido. Pero sí plantea una pregunta inevitable: ¿dónde quedó aquella participación multitudinaria que se anunciaba semana tras semana?

Porque una cosa es promover un mecanismo legítimo de participación ciudadana y otra muy distinta es presentar cada jornada de recolección como si se tratara de una movilización histórica.

La revocación de mandato es una herramienta democrática que merece respeto, independientemente de quién ocupe el cargo público. Los ciudadanos tienen derecho a organizarse, cuestionar a sus gobernantes y buscar los mecanismos legales para exigirles cuentas.

Pero ese mismo respeto exige seriedad de quienes encabezan estos movimientos.

No basta con anunciar que la ciudadanía está respondiendo masivamente. También hay que demostrarlo.

Ahora, después de que el Tribunal Estatal Electoral revocara la autorización para continuar con el procedimiento, Salais y los promoventes han anunciado que buscarán revertir la resolución ante la justicia electoral federal.

Y están en su derecho.

Sin embargo, el debate jurídico no debería convertirse en una cortina de humo para evitar hablar de los resultados obtenidos durante las semanas en que sí pudieron recabarse apoyos.

El problema no es que una iniciativa ciudadana encuentre dificultades para reunir firmas. Eso puede suceder en cualquier ejercicio democrático. El verdadero cuestionamiento aparece cuando el tamaño del respaldo que se presume públicamente parece muy distinto del que reflejan las cifras disponibles.

Tal vez el entusiasmo de Salais terminó por superar su capacidad de interpretar la realidad. Tal vez confundió el interés de algunos ciudadanos con una movilización masiva. O quizá simplemente apostó a que repetir muchas veces la existencia de largas filas terminaría por convencer a todos de que realmente estaban ahí.

Pero la política tiene una característica incómoda para quienes exageran: tarde o temprano aparecen los números.

Y esta vez los números no acompañaron el relato.

La resolución del Tribunal detuvo jurídicamente el procedimiento, pero dejó pendiente una discusión que ninguna sentencia puede resolver: la diferencia entre la movilización ciudadana que se anunció y la que efectivamente pudo documentarse.

Porque al final, las multitudes no se construyen con declaraciones, las fotografías no se llenan con discursos y las firmas no aparecen por repetir que existen largas filas.

Salais todavía puede encontrar una nueva oportunidad en los tribunales.

Lo que no puede conseguir mediante una impugnación es que 2 mil 488 firmas se conviertan, por arte de discurso, en las 63 mil 123 que necesitaba.

Y quizá esa sea la principal lección de este episodio: antes de presumir una realidad multitudinaria, conviene asegurarse de que esa realidad también exista fuera de las declaraciones.