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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobierno y la Fiscalía de Chihuahua violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al permitir la participación de agentes de Estados Unidos en operativos de seguridad dentro del territorio estatal, sin la autorización correspondiente del Gobierno Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el caso no debe verse como un conflicto político, sino como un asunto de cumplimiento estricto de la ley, al tratarse de un tema que toca directamente la soberanía nacional.

“No podemos ser omisos ante la ley”

Sheinbaum sostuvo que cualquier colaboración de entidades federativas con gobiernos extranjeros en materia de seguridad está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y debe contar necesariamente con la autorización del Gobierno Federal. “No es un asunto de confrontación, pero tampoco podemos ser omisos ante nuestra Constitución y nuestras leyes”, enfatizó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo detalló que intentó comunicarse telefónicamente con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sin éxito, aunque confirmó que autoridades estatales sostendrán reuniones con funcionarios federales para explicar lo sucedido.

El origen de la polémica

El pronunciamiento presidencial se da tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, identificados por medios internacionales y autoridades como agentes de la CIA, quienes participaban en actividades relacionadas con seguridad en Chihuahua y fallecieron en un accidente carretero durante un operativo contra el narcotráfico.

Inicialmente, autoridades estatales señalaron que los agentes realizaban labores de capacitación; sin embargo, declaraciones posteriores reconocieron trabajo conjunto con autoridades locales, lo que encendió alertas a nivel federal por una posible injerencia extranjera sin autorización legal.

Responsabilidad del gobierno estatal

Sheinbaum fue clara al señalar que la falta recae en las autoridades de Chihuahua, al haber solicitado directamente la colaboración de agencias estadounidenses, sin pasar por los canales institucionales federales. “Aquí hubo una falta de una autoridad estatal; eso es el fondo del problema”, dijo la mandataria.

Recordó que la ley mexicana prohíbe las operaciones conjuntas en tierra con fuerzas extranjeras, permitiendo únicamente el intercambio de información e inteligencia bajo supervisión federal.

Medidas preventivas a nivel nacional

Ante lo ocurrido, la presidenta instruyó al gabinete de seguridad para que emita oficios formales a los 32 gobiernos estatales, con el objetivo de reiterar cuáles son los términos legales de la colaboración con gobiernos extranjeros, particularmente con Estados Unidos, siempre a través de la SRE.

Asimismo, reiteró que México mantiene una política de cooperación sin subordinación, y que este caso no busca escalar un conflicto diplomático con Estados Unidos, sino garantizar el respeto al marco jurídico nacional.

Lo que sigue

El Senado de la República citó a autoridades de Chihuahua a comparecer ante comisiones para explicar el alcance de la colaboración con agentes extranjeros. Paralelamente, autoridades federales analizan si los hechos ameritan investigaciones adicionales por posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Hasta el momento, no hay sanciones ni resoluciones definitivas, pero el caso ha reabierto el debate sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad y el respeto a la soberanía mexicana.