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La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás a su propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar, luego de una ola de críticas y presiones por parte de padres de familia, docentes y autoridades estatales, quienes advirtieron afectaciones al aprendizaje, a la planeación académica y a la organización familiar.

La iniciativa, que buscaba concluir las clases antes de lo previsto, fue presentada como una medida administrativa para ajustar el calendario escolar. Sin embargo, distintos sectores educativos señalaron que el recorte de días efectivos de clase habría impactado de manera directa en el cumplimiento de los planes y programas de estudio, especialmente tras periodos recientes de rezago educativo.

Organizaciones de padres y colectivos de maestros expresaron su rechazo en redes sociales y a través de comunicados públicos, argumentando que una decisión de esa magnitud debía pasar por un proceso de consulta más amplio y considerar las realidades regionales del país. En varios estados, autoridades locales también manifestaron su inconformidad ante la falta de coordinación.

Ante este escenario, la SEP informó que el calendario escolar vigente se mantendrá sin modificaciones y reiteró su compromiso con garantizar los días mínimos de clase establecidos por la normatividad educativa. La dependencia reconoció la importancia de escuchar a la comunidad escolar antes de implementar cambios que impacten de forma directa en millones de estudiantes.

El episodio dejó en evidencia el peso de la presión social en la toma de decisiones públicas y reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo entre autoridades educativas, maestros y familias, particularmente cuando se trata de ajustes al calendario escolar y a la dinámica educativa nacional.