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El 30 de mayo pasado, María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, señaló que el gobierno federal usa el caso de las agentes de la CIA para afectarla. Estuvo acompañada por Felipe Calderón Hinojosa y otros panistas.

En medio de la creciente polarización política en México, han surgido señalamientos que sugieren una supuesta influencia del expresidente Felipe Calderón en decisiones del gobierno del estado de Chihuahua, lo que algunos actores políticos han calificado como un “gobierno de facto”.

Estas afirmaciones han circulado principalmente en espacios de debate público y redes sociales, donde críticos sostienen que figuras vinculadas al calderonismo tendrían un papel relevante en la orientación de políticas estatales, particularmente en temas de seguridad y administración pública. Sin embargo, hasta el momento, no existe evidencia oficial que confirme dichas acusaciones.

Por su parte, representantes del gobierno estatal han rechazado categóricamente estas versiones, asegurando que la administración en Chihuahua opera con plena autonomía y bajo el mandato constitucional vigente. Asimismo, han subrayado que cualquier vínculo con actores políticos nacionales forma parte de la dinámica democrática y no implica subordinación.

Especialistas en análisis político señalan que este tipo de declaraciones suelen responder a estrategias de confrontación entre grupos políticos, en un contexto donde las narrativas sobre influencia y poder buscan incidir en la percepción pública. En ese sentido, recomiendan distinguir entre críticas fundamentadas y discursos políticos sin sustento verificable.

El tema ha reavivado la discusión sobre la intervención de actores externos en gobiernos locales, así como la necesidad de mayor transparencia en la toma de decisiones públicas. Mientras tanto, el debate continúa sin que hasta ahora se presenten pruebas concluyentes que respalden los señalamientos.