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Acusado de crimen organizado, el ex mandatario de Baja California fue capturado en Ensenada, llevado a instalaciones de la FGR en Tijuana y anoche lo trasladaron a la CDMX.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la desarticulación de lo que considera la mayor red de contrabando y distribución ilegal de combustibles detectada hasta ahora en el país. La operación derivó en la emisión de 25 órdenes de aprehensión y la captura de varios presuntos integrantes de la organización, señalada por haber generado pérdidas multimillonarias a la hacienda pública mediante un sofisticado esquema de huachicol ferroviario.

De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante la importación irregular de gasolina y diésel provenientes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos. El combustible ingresaba al territorio nacional utilizando carros tanque ferroviarios y documentación presuntamente alterada para ocultar el volumen real transportado.

Las autoridades federales detallaron que el grupo declaraba ante las aduanas únicamente una fracción de la carga. Mientras en los documentos oficiales se reportaban alrededor de 10 mil litros por vagón, en realidad algunas unidades transportaban hasta 110 mil litros de combustible. Este mecanismo permitía reducir significativamente el pago de impuestos y facilitar la comercialización ilegal del energético en distintas regiones del país.

Según la FGR, la estructura criminal estaba integrada por una compleja red de empresas, operadores logísticos, intermediarios financieros y presuntos colaboradores vinculados a actividades aduaneras y de comercio exterior. La investigación incluyó el análisis de movimientos financieros, registros ferroviarios, operaciones de importación y documentación fiscal.

Las pesquisas permitieron identificar que los principales puntos de distribución se localizaban en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, desde donde el combustible era enviado a diversos mercados nacionales. La organización habría aprovechado corredores ferroviarios para movilizar grandes volúmenes de hidrocarburos con menor visibilidad que otros métodos de transporte.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el caso representa uno de los golpes más importantes contra las redes de huachicol fiscal en los últimos años. Además, indicó que el daño económico estimado para el erario supera los 4 mil millones de pesos, cifra que podría aumentar conforme avancen las investigaciones y se revisen nuevas operaciones relacionadas con la trama.

Entre los principales resultados de las indagatorias destacan aseguramientos de combustible, infraestructura de almacenamiento, documentación aduanera y diversos activos presuntamente utilizados para las actividades ilícitas. Asimismo, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para ubicar a otros posibles integrantes de la organización y determinar el alcance total de sus operaciones.

Especialistas consideran que este caso evidencia la evolución de las redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles, las cuales han migrado de las tradicionales tomas clandestinas en ductos hacia esquemas cada vez más sofisticados que involucran comercio internacional, logística ferroviaria y estructuras empresariales aparentemente legales.

Con la ejecución de las órdenes de captura y el aseguramiento de bienes vinculados al caso, el gobierno federal busca frenar una de las operaciones de huachicol más grandes descubiertas en México y reforzar la vigilancia sobre las importaciones de hidrocarburos en la frontera norte del país.