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La justicia federal determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete personas más por su presunta participación en una red relacionada con huachicol ferroviario y delincuencia organizada, en un caso que ha generado gran atención pública debido al perfil político del exmandatario y a las dimensiones del supuesto esquema de contrabando de combustibles.

La resolución fue emitida por una jueza federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas. Durante el proceso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó elementos que, a criterio de la autoridad judicial, resultaron suficientes para que los imputados enfrenten formalmente una investigación penal.

De acuerdo con las indagatorias, los acusados habrían participado en una compleja estructura empresarial utilizada para introducir combustibles al país mediante operaciones presuntamente irregulares. Las autoridades sostienen que la red utilizó diversas compañías para realizar movimientos de diésel y gasolina transportados por ferrocarril desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

La Fiscalía señala que el esquema habría permitido el ingreso de millones de litros de hidrocarburos mediante mecanismos que simulaban operaciones comerciales legítimas. Parte de la investigación apunta a que las maniobras generaron afectaciones económicas significativas al erario debido al posible incumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras.

Como parte de las medidas cautelares impuestas, Ruffo Appel y varios de sus coacusados permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, mientras continúan las investigaciones. Otros imputados enfrentarán el proceso bajo condiciones distintas, incluidas medidas de resguardo domiciliario por motivos de salud.

Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en una figura relevante en la transición política del país al ser el primer gobernador de oposición reconocido en la era moderna, fue detenido el pasado 16 de julio. Desde entonces, las autoridades federales han sostenido que existen indicios de su vínculo con empresas señaladas dentro de la investigación.

La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio formal de una etapa judicial en la que la Fiscalía deberá fortalecer las pruebas que respalden las acusaciones. Por su parte, la defensa de los imputados mantiene que sus representados son inocentes y buscará desvirtuar los señalamientos durante el desarrollo del procedimiento penal.

El caso es considerado uno de los expedientes más relevantes en la estrategia federal contra el tráfico ilegal de combustibles, un fenómeno que en los últimos años ha representado importantes pérdidas económicas para el país y ha sido vinculado con redes de delincuencia organizada que operan mediante diversas modalidades de contrabando y distribución ilegal de hidrocarburos.