Limeira, Brasil.- La muerte de la joven brasileña María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, ha causado conmoción internacional luego de que se difundiera un video en el que aparece siendo lanzada desde un puente durante una actividad de rope jumping sin estar conectada a la cuerda de seguridad.

El accidente ocurrió el pasado 13 de junio en la llamada “Ponte do Esqueleto” (Puente del Esqueleto), ubicada en Limeira, en el estado de São Paulo. Las imágenes muestran el momento en que tres instructores preparan a la joven para el salto y la lanzan al vacío desde una altura aproximada de 40 metros. Segundos después, testigos se percatan de que la cuerda de seguridad nunca fue conectada al arnés.

María Eduarda era originaria de Jandira, São Paulo, tenía 21 años y contaba con estudios en Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales compartía frecuentemente actividades deportivas, excursiones y experiencias al aire libre. Horas antes del accidente publicó fotografías del lugar y escribió en tono de broma: “¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?”.

Las investigaciones revelaron que la actividad era organizada por grupos dedicados a deportes extremos que presuntamente operaban sin la autorización correspondiente. Autoridades brasileñas señalaron que no se realizaron las verificaciones básicas de seguridad antes del salto.

Inicialmente fueron detenidas seis personas relacionadas con la organización del evento. Sin embargo, tres fueron liberadas tras determinarse que no participaron en la preparación del equipo. Actualmente permanecen detenidos tres instructores identificados por medios locales como Luis Felipe Egoroff, Vitor Gonçalves y Maicon Cintra, quienes enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura legal brasileña que considera que aceptaron el riesgo de provocar una muerte al actuar con extrema negligencia.

De acuerdo con los reportes judiciales, dos de los implicados intentaron abandonar el lugar tras el accidente y posteriormente fueron localizados por las autoridades. Un juez ordenó que permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de entre seis y 30 años de prisión.

El caso ha generado indignación en Brasil y ha reabierto el debate sobre la regulación y supervisión de actividades extremas, especialmente en sitios turísticos donde operan empresas o grupos sin permisos oficiales.