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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una demanda federal que busca impedir que obtenga beneficios económicos mediante un servicio que ofrece a suscriptores acceso anticipado a sus publicaciones en la red social Truth Social.

La demanda fue presentada ante una corte federal de Manhattan por The Intercept y la Freedom of the Press Foundation, organizaciones que cuestionan el modelo implementado y advierten sobre sus posibles implicaciones para la transparencia y el acceso equitativo a información de interés público.

El servicio, denominado Truth API, permite a determinados clientes recibir las publicaciones de Trump antes de que estén disponibles para el público en general. Entre los posibles usuarios se encuentran empresas financieras, medios de comunicación y compañías dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

De acuerdo con los demandantes, las suscripciones pueden alcanzar hasta 100 mil dólares mensuales, a cambio de obtener las publicaciones apenas unas fracciones de segundo antes que el resto de los usuarios.

La controversia radica en que los mensajes publicados por Trump pueden contener información capaz de influir en los mercados financieros o generar reacciones inmediatas a nivel nacional e internacional. Los demandantes consideran que cobrar por recibir primero ese contenido plantea cuestionamientos sobre el uso de comunicaciones vinculadas con la actividad presidencial.

Por ello, solicitaron al tribunal que impida la comercialización del servicio y que establezca restricciones sobre el uso de Truth Social como plataforma exclusiva para determinadas comunicaciones gubernamentales.

Trump Media & Technology Group, empresa propietaria de Truth Social, ha rechazado las acusaciones y sostiene que el servicio únicamente proporciona acceso más rápido a contenido que posteriormente se hace público. La compañía también ha cuestionado los argumentos de los demandantes y ha defendido la legalidad de su plataforma.

El caso abre un nuevo debate sobre los límites entre los negocios privados de un presidente en funciones y el manejo de información de interés público.

Ahora será la justicia federal estadounidense la que deberá determinar si este modelo de acceso anticipado representa un conflicto con las obligaciones de transparencia y las restricciones legales aplicables a la actividad presidencial.